Caldas elimina temporalmente estampillas para acelerar la reconstrucción tras el sismo

Poder Público & Justicia

La Asamblea aprobó por unanimidad la exoneración del 8 % en contratos y convenios destinados a atender la emergencia.

La Asamblea de Caldas aprobó por unanimidad, en segundo debate, el proyecto de ordenanza presentado por la Gobernación que establece beneficios tributarios transitorios para los contratos y convenios destinados a atender la emergencia provocada por el sismo del 10 de agosto de 2026.

La medida busca que los recursos destinados a la reconstrucción puedan convertirse en una mayor cantidad de bienes y servicios para las comunidades afectadas, mediante la exoneración temporal de las estampillas departamentales aplicables a este tipo de contratación.

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, destacó el trabajo de los diputados y los aportes realizados durante el debate, que permitieron enriquecer la iniciativa antes de su aprobación.

Gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel

¿Qué estampillas quedarán exoneradas?

La propuesta contempla que no se cobren las estampillas Pro-Desarrollo, Pro-Universidad, Pro-Hospital Santa Sofía, Pro-Adulto Mayor y Pro-Cultura, que en conjunto representan el 8 %.

La exoneración aplicará a los pagos derivados de contratos y convenios celebrados específicamente para atender las necesidades relacionadas con la emergencia.

El Departamento proyecta disponer de $310.585 millones para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

De acuerdo con la Gobernación, aplicar el 8 % de las estampillas sobre esos recursos representaría aproximadamente $24.847 millones que no llegarían directamente a la adquisición de bienes y servicios destinados a la atención de la emergencia.

La finalidad de la medida es que una mayor proporción de los recursos disponibles pueda convertirse en obras, bienes y servicios para los territorios que requieren atención dentro del proceso de reconstrucción.

Una medida vinculada exclusivamente a la emergencia

La Gobernación precisó que la exoneración no significa desfinanciar las estampillas departamentales involucradas.

El beneficio se aplicará únicamente sobre recursos asociados a la atención de la emergencia que no estaban contemplados previamente para financiar los sectores vinculados a esas estampillas.

La Administración Departamental también señaló que otras localidades han adoptado alivios similares y que la ausencia de una medida de este tipo podría generar desventajas para Caldas al momento de atraer oferentes y ejecutar con rapidez las obras de reconstrucción.

La explicación está relacionada con el aumento de la demanda de bienes, servicios y actividades necesarias para atender las consecuencias del sismo.

El beneficio será temporal

La exoneración no tendrá carácter permanente.

Según el proyecto aprobado, comenzará a aplicarse desde la sanción y publicación de la ordenanza y estará vigente hasta el 9 de febrero de 2027.

Si la declaratoria de calamidad pública es prorrogada, el beneficio tendrá una prórroga automática en los términos establecidos por la medida.

El secretario de Hacienda de Caldas, John Alexander Alzate Quiceno, explicó el propósito de la herramienta tributaria:

«Esto va a permitir que el departamento haga un uso más eficiente y que, con la misma cantidad de recursos de los que disponemos para atender la emergencia, podamos adquirir más bienes y servicios para atender todas las necesidades que hoy tiene nuestra comunidad».

Secretario de Hacienda de Caldas, John Alexander Alzate Quiceno

El funcionario también agradeció a la Asamblea por el respaldo al proyecto y señaló:

«Esperamos que podamos seguir avanzando con el proceso de reconstrucción de manera satisfactoria».

El proyecto sigue su trámite

La aprobación en segundo debate constituye un nuevo paso dentro del trámite de la iniciativa.

Una vez cumplidos los procedimientos correspondientes, el proyecto deberá convertirse en ordenanza departamental para que pueda entrar en vigencia la medida tributaria.

Con esta herramienta, la Gobernación busca disponer de una mayor capacidad efectiva de compra para atender las necesidades derivadas del sismo, concentrando el beneficio exclusivamente en los contratos y convenios vinculados con la emergencia.

La medida hace parte de las decisiones adoptadas por el departamento para avanzar en el proceso de reconstrucción después del sismo del 10 de agosto.

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