Convivir en Manizales: cuatro desafíos que empiezan en la vida cotidiana

Seguridad & Convivencia

Escuelas, familias, barrios y vías concentran esfuerzos para prevenir violencias, reducir riesgos y fortalecer la convivencia ciudadana.


La convivencia en Manizales se juega en escenarios distintos, pero conectados por una misma pregunta: cómo construir entornos seguros sin dejar toda la responsabilidad en manos de las autoridades. Durante octubre, la Alcaldía presentó acciones en el barrio San Sebastián, instituciones educativas, el Concejo Municipal y las calles de la ciudad para abordar conflictos comunitarios, prevenir las violencias basadas en género, reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y orientar a los usuarios de vehículos de micromovilidad ante el fin del periodo pedagógico nacional, previsto para el 5 de noviembre de 2026.

No son cuatro versiones de un mismo problema ni se resuelven con una única estrategia. Cada escenario tiene riesgos, responsables y herramientas particulares. Sin embargo, las iniciativas coinciden en una necesidad: pasar de las recomendaciones generales a prácticas cotidianas, con participación ciudadana, información suficiente y seguimiento a los compromisos.


San Sebastián: escuchar a la comunidad es el comienzo, no el final

Habitantes del barrio San Sebastián expusieron sus inquietudes ante representantes de distintas dependencias municipales y de la Policía Metropolitana durante una mesa de seguridad realizada el 16 de octubre. El encuentro, convocado por la Secretaría del Interior, puso sobre la mesa problemas relacionados con la presencia de habitantes de calle, el consumo de sustancias psicoactivas y la disposición inadecuada de basuras, además de asuntos como el alumbrado público.

En la reunión participaron las secretarías del Interior, Medio Ambiente y Desarrollo Social, la Coordinación Social, el Instituto de Valorización de Manizales (Invama), la Personería y la Policía Metropolitana. La Administración informó que recibió solicitudes de los residentes y asumió compromisos para atender diferentes necesidades.

Las mesas de seguridad son un mecanismo para acercar a las autoridades a las experiencias de quienes habitan cada sector. Su valor está en permitir que las preocupaciones concretas de una comunidad entren en la agenda institucional, en lugar de permanecer como quejas aisladas.

Pero escuchar es apenas el primer paso. Para que estos encuentros produzcan cambios verificables, es necesario que las solicitudes se traduzcan en acciones identificables, responsables definidos y seguimiento. La información divulgada sobre la reunión de San Sebastián no detalla plazos, metas ni el estado de cumplimiento de cada compromiso, por lo que todavía no permite medir sus resultados.

También importa distinguir entre problemas que pueden coincidir en un mismo espacio, pero requieren respuestas diferentes. La disposición inadecuada de residuos demanda gestión ambiental y corresponsabilidad ciudadana; las fallas de iluminación requieren atención sobre la infraestructura; y las situaciones asociadas al consumo de sustancias o a personas que viven en la calle exigen respuestas que no se reduzcan exclusivamente a la vigilancia policial.

La convivencia mejora cuando la seguridad se entiende como una tarea que integra prevención, servicios públicos, atención social y participación vecinal. Denunciar los hechos que constituyan delitos es parte de esa responsabilidad, pero también lo es evitar que la presencia de personas en condición de vulnerabilidad se convierta, por sí sola, en sinónimo de amenaza.

La Alcaldía recordó que la ciudadanía puede reportar emergencias y hechos que requieran intervención policial a través de la línea 123. La utilidad de estos canales depende de que las personas sepan cuándo acudir a ellos y de que las situaciones reportadas reciban una respuesta adecuada.


Prevenir las violencias antes de que se vuelvan costumbre

En los hogares y los colegios, la convivencia tiene otra dimensión: reconocer comportamientos que lesionan la dignidad, aprender a poner límites y saber dónde buscar ayuda. Ese es el propósito de Educando en Equidad, estrategia de la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género de Manizales que llegó a más de 35 instituciones educativas.

La iniciativa desarrolló espacios de formación y sensibilización con estudiantes, padres de familia, docentes y equipos directivos. Su etapa más reciente terminó con un foro realizado en el Teatro Olimpia del Teatro Los Fundadores, en el que participaron familias y estudiantes para reflexionar sobre la prevención de las violencias basadas en género.

La secretaria de las Mujeres y Equidad de Género, Gladys Galeano Martínez, resumió uno de los mensajes centrales del programa:

“Construir entornos seguros y libres de violencia en nuestros hogares y en los colegios empieza por algo muy sencillo, no normalizar lo que lastima por costumbre”.

La frase apunta a una dificultad frecuente en la prevención: algunas conductas dañinas pueden presentarse como bromas, formas de disciplina, expresiones de afecto o conflictos privados. Reconocerlas requiere aprender a identificar sus efectos, escuchar a quienes las padecen y evitar que la costumbre sirva para justificarlas.

La formación no se limita a los estudiantes. La docente orientadora de la Institución Educativa La Sultana, Lina Constanza Bedoya Valencia, destacó el trabajo con padres de familia y docentes, además de los espacios dirigidos a los jóvenes. Su experiencia señala un punto importante: la prevención pierde fuerza si se enseña en el aula, pero no encuentra continuidad en las relaciones familiares y en otros entornos cotidianos.

Bedoya también llamó la atención sobre los desafíos que surgen en los espacios digitales. Las relaciones entre jóvenes no terminan al salir del colegio: continúan en redes sociales, plataformas de mensajería y otros escenarios donde pueden aparecer hostigamientos, presiones, humillaciones o formas de control. Por eso, educar en respeto exige reconocer tanto las interacciones presenciales como las que ocurren a través de una pantalla.

El estudiante Johan Mauricio Cuiche Gutiérrez, de la Institución Educativa La Sultana, destacó la importancia de no tener miedo de contar lo que sucede, acudir a los docentes y buscar apoyo en personas de confianza cuando se necesita ayuda.

Ese llamado también interpela a los adultos. No basta con pedirles a niñas, niños y adolescentes que hablen: es necesario que encuentren personas dispuestas a escuchar sin juzgar, tomar en serio sus relatos y activar las rutas de atención cuando corresponda.

La estrategia deja planteada una tarea de continuidad. Haber llegado a más de 35 instituciones es un dato de cobertura, pero no equivale por sí mismo a demostrar una reducción de las violencias. Para conocer el impacto real hacen falta seguimiento, evaluación y herramientas que permitan saber si los aprendizajes se traducen en cambios de comportamiento y en mejores condiciones para pedir ayuda.


Consumo de Tussi y otras sustancias: prevención, atención y acompañamiento

El consumo de Tussi y otras sustancias psicoactivas, especialmente entre adolescentes y jóvenes, fue objeto de una sesión de debate y análisis en el Concejo de Manizales. Allí, representantes de la Administración Municipal expusieron las acciones que adelantan en promoción de la salud, prevención, atención y seguimiento, así como algunos de los retos previstos para 2027.

El secretario de Educación, Andrés Felipe Betancourth López, explicó que el trabajo involucra a su dependencia, la Secretaría de Salud Pública, la Oficina de Infancia, Adolescencia y Juventud y la Coordinación Social. También subrayó la necesidad de mejorar la articulación entre entidades públicas y privadas, con especial atención al papel de las familias.

“Presentamos un informe de cuáles son nuestras acciones en materia de promoción, prevención y cuándo se requiere atención y seguimiento. También planteamos los compromisos y retos que tenemos para el 2027, entre ellos avanzar en la articulación con las demás instancias públicas y privadas, especialmente con las familias”, señaló el funcionario.

Por su parte, el secretario de Salud Pública, David Gómez Springstube, informó que el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y la campaña Estamos Contigo han alcanzado a más de 25.000 personas en Manizales, mediante acciones en entornos escolares, laborales y familiares.

La cifra ofrece una medida del alcance reportado por la Administración, aunque no permite establecer por sí sola cuántas personas modificaron sus comportamientos, cuántas recibieron atención o qué efectos tuvo la intervención en la evolución del consumo. Cobertura, prevención efectiva y atención oportuna son dimensiones relacionadas, pero distintas.

Durante la sesión también intervino Estefanía Sánchez Patiño, directora de la Corporación Acción Técnica Social Échele Cabeza, quien llamó la atención sobre los desafíos asociados al consumo de Tussi y al uso de vaporizadores electrónicos de nicotina. La experta destacó la importancia de involucrar a las instituciones, las organizaciones sociales y las familias, con especial atención a los menores de 18 años.

La experta señaló la importancia de articular a las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y las familias, con especial atención a los menores de 18 años. Asimismo, destacó que las respuestas deben contemplar no solo la prevención, sino también estrategias de reducción de riesgos y daños.

Por su parte, el secretario de Salud Pública de Manizales, David Gómez Springstube, destacó el trabajo que se desarrolla a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y la campaña Estamos Contigo, estrategias orientadas a fortalecer el conocimiento sobre los riesgos del consumo y promover el acompañamiento a niños, adolescentes y jóvenes.

Su planteamiento amplía el enfoque de la respuesta: además de prevenir el consumo, es necesario contar con información actualizada, reducir riesgos y daños, y disponer de mecanismos de acompañamiento para quienes necesitan orientación o atención.

El reto consiste en evitar que el debate se reduzca a mensajes de alarma o a la atribución de responsabilidades individuales. Las estrategias deben permitir que los jóvenes reconozcan los riesgos, tengan adultos de confianza a quienes acudir y accedan a servicios adecuados cuando los necesiten. Las familias, por su parte, requieren información y herramientas para acompañar sin sustituir la atención profesional cuando esta sea necesaria.

La sesión en el Concejo permitió exponer programas y necesidades de coordinación. El siguiente paso es que los compromisos se reflejen en acciones sostenidas, indicadores útiles y rutas claras entre prevención, detección, atención y seguimiento.


Micromovilidad: compartir las vías también exige aprender las reglas

La convivencia también se construye en el espacio público. Bicicletas eléctricas, patinetas y otros vehículos livianos hacen parte de las alternativas de desplazamiento en Manizales, pero su circulación requiere reglas que protejan a quienes los utilizan y a los demás actores viales.

La Secretaría de Movilidad adelanta acciones pedagógicas sobre la Resolución 20263040030675 del 4 de agosto de 2026, expedida por el Ministerio de Transporte para desarrollar la Ley 2486 de 2025. La norma establece condiciones para distintas categorías de micromovilidad y requisitos específicos para los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana que cumplen las características técnicas definidas.

El periodo de divulgación y socialización de estas disposiciones termina el 5 de noviembre de 2026. Según el artículo 5 de la resolución, durante los tres meses previstos para la pedagogía no se sanciona el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esa misma resolución. Esto no significa que todas las normas de tránsito queden suspendidas ni que se permitan comportamientos que pongan en peligro a otras personas.

Entre las principales recomendaciones para los vehículos comprendidos en la regulación están:

  • Respetar los espacios de circulación: no transitar por andenes, aceras ni zonas destinadas exclusivamente a peatones. El uso de la cicloinfraestructura depende de sus condiciones de seguridad y transitabilidad y de las restricciones que establezca la autoridad competente.
  • Proteger a los actores más vulnerables: respetar la prelación de peatones y ciclistas en la cicloinfraestructura y evitar maniobras que comprometan su seguridad.
  • Usar los elementos de protección exigidos: llevar casco certificado y prendas retrorreflectivas entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., en los casos previstos por la normativa.
  • Conservar el vehículo en condiciones seguras: atender los requisitos técnicos aplicables, incluidos los sistemas de frenado, iluminación y control de velocidad.

La reglamentación contempla velocidades máximas de hasta 25 kilómetros por hora en la cicloinfraestructura y hasta 40 kilómetros por hora en la calzada, según las condiciones establecidas. Son límites máximos, no velocidades que deban alcanzarse en cualquier circunstancia: las restricciones de cada vía y las condiciones de circulación también determinan cómo desplazarse de manera segura.

Hay una precisión fundamental: no todos los vehículos eléctricos son iguales ante la norma. La categoría y las obligaciones aplicables dependen de sus características técnicas, por lo que una bicicleta eléctrica, una patineta, un monociclo o un triciclo no necesariamente están sujetos a idénticos requisitos.

La pedagogía es especialmente importante durante esta transición. Informar sobre las reglas ayuda a reducir confusiones, pero también debe contribuir a que los usuarios comprendan que la vía es un espacio compartido. Circular de forma segura no consiste únicamente en evitar una sanción, sino en reconocer que las decisiones de cada conductor pueden afectar a peatones, ciclistas y demás usuarios.


Una agenda común, responsabilidades diferentes

Los cuatro frentes abordados por la Administración Municipal muestran que la convivencia no depende de una sola entidad ni se limita a la respuesta ante delitos. Incluye la atención a necesidades barriales, la prevención de las violencias en los hogares y las escuelas, el acompañamiento frente al consumo de sustancias psicoactivas y el cumplimiento de reglas para compartir el espacio público.

Las responsabilidades, sin embargo, no son intercambiables. Una mesa de seguridad debe traducir las inquietudes vecinales en respuestas concretas; una estrategia de equidad debe ayudar a reconocer las violencias y facilitar el acceso a apoyo; las acciones de salud pública requieren articulación y seguimiento; y la regulación vial necesita información clara y aplicación coherente.

La participación ciudadana importa en cada escenario, pero no reemplaza las obligaciones institucionales. Las comunidades pueden reportar problemas, las familias acompañar a sus hijos y los usuarios de las vías actuar responsablemente. A las entidades les corresponde, a su vez, ofrecer respuestas oportunas, sostener los procesos y mostrar qué resultados producen las medidas adoptadas.

La convivencia se fortalece cuando las campañas y los encuentros no terminan en el anuncio. Se necesita continuidad para que la prevención llegue antes del daño, las alertas encuentren respuesta y los compromisos se puedan verificar. Ese es el punto de encuentro entre el barrio, el hogar, el colegio y la calle: convertir el cuidado mutuo en prácticas concretas y en una responsabilidad compartida, sin perder de vista quién debe hacer qué.

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