Una citación oficial que nadie canceló por correo terminó en una madrugada perdida y una lección amarga sobre el desorden institucional.
Un correo oficial citó a cientos de aspirantes a presentar las pruebas del Concurso de Méritos de la Contraloría en Manizales, pero al llegar al campus, en plena madrugada dominical, solo encontraron salones vacíos, versiones contradictorias y un aplazamiento publicado días antes sin notificación directa, obligándolos a confirmar por su cuenta lo que el Estado no comunicó.
Domingo 8 de febrero de 2026. 2:45 a. m.
La ciudad aún dormía cuando yo ya estaba despierto. No por ansiedad heroica ni por vocación monástica, sino porque a las 6:30 a. m. debía estar sentado en un salón de la Universidad de Caldas, dispuesto a enfrentar cuatro horas de pruebas escritas para el Concurso Abierto de Méritos de la Contraloría General de la República 2024–2026.
La alarma sonó como suenan todas las alarmas en días importantes: con violencia. A las 5:40 a. m. debía estar listo —bañado, vestido, perfumado—, para salir a cazar un taxi en una ciudad que todavía bosteza. Ritual mecánico: ducha rápida, café breve, ropa sobria, documentos revisados tres veces. La mente en blanco, el cuerpo en automático, el corazón en modo resistencia.
A las 6:00 a. m. llegué puntual a la sede principal de la Universidad de Caldas.
Y ahí empezó la crónica del absurdo.
—Aquí no hay nada programado —me dijeron con naturalidad administrativa—. Eso lo cancelaron.
¿Cancelaron? ¿Quién canceló? ¿Cuándo? ¿Dónde avisaron?
No había llegado ningún correo, ningún mensaje, ninguna notificación. Solo silencio digital.
Me senté a esperar. Porque cuando el Estado falla, el ciudadano espera. Y cuando la información no llega, la duda se queda.
A las 6:10 a. m. pregunté de nuevo. Me explicaron que la sede correcta era el Campus Bicentenario, dándole la vuelta a toda la universidad, diagonal a la ESAP. Que allá seguramente me dirían lo mismo.
—No importa —respondí—. Yo espero. Alguien tendrá que aparecer. Algún funcionario, algún delegado, algún responsable. No pueden simplemente evaporar una jornada nacional sin dar la cara.
Tomé camino hacia Bicentenario.
Y sí: mismo libreto, mismas respuestas, mismo desconcierto.
Pero esta vez no estaba solo.
Empezaron a llegar otros aspirantes. Rostros cansados. Ojos madrugados. La misma historia repetida: sí recibieron la citación, no recibieron el aplazamiento.
Una comunicadora.
Un psicólogo.
Dos abogadas.
Un administrador.
Un contador.
Y dos personas que llegaron a las 7:00 a. m., tarde para una prueba que oficialmente no existía.
Una de ellas había viajado desde Pereira.
Todos citados.
Nadie notificado del aplazamiento.
Nadie sabía nada. Nadie había sido informado. Nadie había sido advertido.
A las 7:00 a. m., con el frío todavía metido en los huesos, alguien consultó la página web del concurso.
Y ahí estaba.
Un comunicado publicado con fecha 4 de febrero de 2026, donde el Consejo Superior de Carrera Administrativa anunciaba el aplazamiento de las pruebas para el 22 de marzo, alegando ajustes logísticos y garantías de calidad y seguridad.
Publicado oficialmente el 4 de febrero a las 6:30 p. m.
Visible, en la práctica, solo la mañana del 8 de febrero.
El problema no era el aplazamiento.
El problema era el silencio.
Porque hasta la noche anterior, 10:00 p. m., ese comunicado no era visible.
Porque no llegó ningún correo.
Porque no hubo alerta.
Porque nadie avisó.
La tecnología permite maravillas: retrofechar publicaciones, reescribir cronologías, maquillar tiempos. Un CMS puede fabricar un pasado administrativo perfecto. Pero no puede borrar la madrugada perdida, ni devolver el taxi, ni recomponer el desgaste físico, ni reponer la confianza.
Y porque en este país, publicar algo en un portal web no equivale a informar.
Un CMS puede retrofechar cualquier contenido. Un clic puede corregir el pasado. Pero el madrugón no se edita. El taxi no se devuelve. El desgaste no se borra.
La logística institucional falló en lo más básico: respetar el tiempo de la gente.
No estamos hablando de un trámite menor. Estamos hablando de un concurso público nacional, que convoca a miles de personas, que moviliza viajes, gastos, desvelos, expectativas, ilusiones. Gente que se levanta creyendo que ese día puede cambiar su destino laboral.
Y nadie consideró necesario mandar un correo masivo.
Porque cuando una institución convoca a miles de personas a una prueba nacional, la comunicación no es un detalle logístico: es una obligación ética.
No hubo correo masivo.
No hubo mensaje directo.
No hubo alerta automática.
No hubo SMS.
No hubo notificación push.
La escena era casi simbólica: un pequeño grupo de ciudadanos, reunidos a las siete de la mañana en un campus vacío, confirmando por su cuenta que el Estado había decidido aplazar, pero había olvidado avisar.
Ahí, entre bromas resignadas y silencios incómodos, se cruzaban historias. Todos víctimas del mismo descuido administrativo.
La madrugada se nos fue esperando a una institución que no llegó.
No hubo funcionario.
No hubo explicación.
No hubo disculpa.
Solo un comunicado escondido en la profundidad de una web que nadie revisa a medianoche antes de dormir.
A las 7:15 a. m. (aplicando la ley del cuarto como en los tiempos de universidad), el grupo se dispersó. Cada uno volvió a su casa con la misma sensación: el tiempo perdido no se recupera.
Quedó la certeza de que el 22 de marzo volveremos a madrugar. Volveremos a confiar. Volveremos a organizarnos. Volveremos a creer.
Pero también quedó la lección amarga: en Colombia, incluso cuando el mérito es el camino, el desorden institucional sigue marcando el paso.
Y la madrugada, una vez más, la pagó el ciudadano.
