El «Impuesto» Invisible: El costo social de las utilidades récord de EMAS e Infimanizales.
Mientras los manizaleños reportan facturas de aseo que rozan los $300.000 pesos y la administración municipal celebra utilidades por $18.000 millones de pesos provenientes de EMAS, en las esquinas de los barrios se gesta una crisis silenciosa. No es solo falta de cultura ciudadana; es una falla logística institucionalizada donde la propia empresa de aseo pone la «cuota inicial» de los basureros satélites.
💥 El detonante no fue la basura: fue la factura
La crisis no empezó en la calle. Empezó en el recibo.
En abril de 2026, usuarios reportaron cobros de aseo que alcanzaron los $286.000 en contextos residenciales. El caso más visible fue expuesto por el concejal Víctor Caicedo, quien documentó públicamente el valor durante sesión del Concejo.
El dato es verificable: hubo facturas superiores a $100.000 y casos extremos cercanos a $300.000.
Pero mientras el debate se concentraba en tarifas, en la calle ya estaba ocurriendo algo más estructural.
📸La Fotografía del Caos: La Esquina como Acopio
Eran las 11:30 de la mañana de un martes ordinario en Manizales cuando la esquina, esa que debería ser un simple punto de tránsito peatonal, recibió su «cuota inicial». No fue un vecino descuidado ni un transeúnte inculto quien inició el ciclo; fue el propio personal de barrido de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMAS). Con la precisión de una rutina bien ensayada, los operarios —conocidos cariñosamente como «las escobitas»— dispusieron sobre el andén varias bolsas de color gris opaco, cargadas con los residuos recolectados tras su jornada por las calles de todo el sector.
El problema, sin embargo, no es la labor de barrido en sí, sino el vacío logístico que le sigue. Ese martes no era día de recolección domiciliaria en el sector; el camión compactador solo hace su aparición los lunes y jueves. Al dejar esas bolsas allí, a plena luz del día y en un punto no autorizado para el acopio, EMAS no solo estaba depositando basura; estaba instalando un imán para el desorden.
Este fenómeno es lo que en urbanismo se conoce como el «Efecto Llamada». La psicología del ciudadano frente al espacio público es reactiva: una calle impecable se respeta, pero una esquina con bolsas oficiales actúa como una autorización tácita. Para el vecino que sale de su casa con un desecho, ver la bolsa gris de EMAS es la señal visual de que «ese es el sitio». Es una invitación institucionalizada a romper la norma. Si la propia empresa de aseo utiliza la esquina como un vertedero temporal, ¿con qué autoridad moral o técnica se le puede exigir al ciudadano que guarde sus residuos hasta el jueves?
A las 3:10 de la tarde, la escena capturada en una segunda fotografía es desoladora. Lo que a mediodía eran dos bolsas oficiales, se ha transformado en un pequeño ecosistema de desperdicios: bolsas negras y de supermercado de hogares, escombros menores y restos orgánicos que ya empiezan a atraer moscas y animales. El mensaje de EMAS es contradictorio: mientras sus canales oficiales bombardean a la ciudad con campañas de «Cultura Ciudadana» y «respeto por los horarios», su operación de campo crea, por acción u omisión, basureros satélites que permanecen expuestos durante horas.
Desde una perspectiva técnica y legal, esta práctica camina por el filo del incumplimiento. La Resolución CRA 720 de 2015, que rige las condiciones del servicio de aseo en Colombia, es clara al definir los estándares de calidad para la actividad de barrido y limpieza. Según la norma, el prestador debe garantizar que las vías queden «sin presencia de residuos» inmediatamente después de terminada la labor. La interpretación operativa de EMAS parece ser distinta: para ellos, el residuo deja de existir si está embolsado, aunque la bolsa permanezca cinco o seis horas bloqueando un andén y contaminando visualmente el barrio.
Este «traslado del desorden» revela una fractura profunda en la sincronización logística de la empresa. El barrido manual y la recolección final deberían ser dos eslabones de una misma cadena, perfectamente aceitados para que el residuo no toque el suelo más que por unos momentos. En Manizales, esa cadena está rota. La empresa parece haber optado por un ahorro de costos operativos —evitando el uso de vehículos «satélite» que recojan las bolsas de barrido de forma inmediata— a cambio de convertir las esquinas de los barrios en centros de transferencia informales.
Lo que resulta más alarmante es el silencio administrativo ante esta práctica. Mientras el ciudadano ve cómo el valor de su factura se dispara, la calidad del servicio se degrada en la puerta de su casa. Dejar bolsas de barrido un martes para esperar una recolección incierta no es un acto de limpieza; es una ocupación irregular del espacio público por parte de quien tiene la obligación legal de mantenerlo impecable. En este escenario, el basurero de la esquina no es un accidente geográfico ni un pecado exclusivo de la falta de cultura ciudadana; es una creación logística de EMAS, una empresa que parece haber olvidado que su misión no es solo mover la basura de lugar, sino erradicarla del entorno vital de los manizaleños.
Este es el primer síntoma de un modelo donde la eficiencia se mide en las utilidades de los socios y no en la pulcritud de los andenes. El contraste es hiriente: una empresa que presume de tecnología y sostenibilidad en foros internacionales, pero que en la práctica diaria sigue dependiendo de «abandonar» bolsas en las esquinas, esperando que el azar o el civismo de los vecinos —tantas veces cuestionado por ellos mismos— no convierta la cuota inicial en una emergencia sanitaria antes de que pase el camión.
📸 La esquina no es un accidente: es un mecanismo
A las 11:30 a.m., operarios de barrido depositan bolsas en una esquina.
A las 3:10 p.m., esa esquina es un punto de acumulación.
Esto no es percepción. Es un patrón replicable.
👉 La bolsa de barrido no es el problema final. Es el disparador del sistema.
Esto conecta directamente con la teoría de las “ventanas rotas” (Broken Windows Theory):
- Un espacio limpio inhibe conductas indebidas
- Un espacio intervenido con residuos legitima su uso informal
En términos operativos:
- EMAS deposita residuos institucionales
- El ciudadano interpreta ese punto como autorizado
- Se activa el “efecto llamada”
- Se consolida un basurero satélite
Esto no es una opinión. Es un modelo causal observable.
La Respuesta Oficial: El Escudo de la «Cultura Ciudadana»
Ante la evidencia física de un basurero que «va cogiendo forma» en una esquina residencial, la respuesta de EMAS no llega a través de un camión recolector, sino mediante un mensaje de texto. Al confrontar al representante de prensa de la organización sobre la presencia de las bolsas de barrido como detonante del caos, la respuesta fue una cátedra de retórica corporativa:
«Nuestro servicio no es por demanda, hay unos horarios que lastimosamente la gente no respeta. Cada día trabajamos para que la gente tenga más cultura ciudadana, porque esto es un tema de corresponsabilidad».
Esta declaración no es una respuesta aislada; es la tesis central que EMAS ha erigido como un escudo infranqueable ante las quejas ciudadanas. Bajo este argumento, la empresa se posiciona como una entidad pedagógica que lucha contra la supuesta «incivilidad» de los manizaleños. Sin embargo, al analizar esta postura frente a los hechos narrados en la sección anterior, la palabra «corresponsabilidad» empieza a sonar más a una transferencia de culpas que a un compromiso compartido.
El análisis crítico de esta respuesta revela una contradicción sistémica. El representante afirma con severidad que «el servicio no es por demanda», una frase técnica que pretende justificar por qué no pueden pasar a recoger la basura cada vez que un ciudadano lo solicita. Pero lo que el portavoz omite es que el problema denunciado no nació de un capricho ciudadano, sino de una decisión operativa de la propia empresa: colocar la «cuota inicial» de residuos en un día —martes— donde no hay ruta domiciliaria programada.
¿Cómo puede EMAS exigir con autoridad moral el respeto a los horarios si su propia logística de barrido ignora el calendario de recolección? Es aquí donde el escudo de la cultura ciudadana se agrieta. La empresa le pide al habitante de Manizales una disciplina casi militar para sacar su bolsa negra solo los lunes y jueves, pero al mismo tiempo permite que sus operarios «siembren» bolsas de barrido los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos. Es una disonancia cognitiva impuesta por el prestador: el andén es un lugar sagrado que el ciudadano no debe tocar, pero es, simultáneamente, un centro de acopio legítimo cuando quien lo ocupa es el uniforme de la empresa.
Culpar al ciudadano de un desorden que la misma empresa inicia es, por decir lo menos, una falacia operativa. Si el punto de acopio improvisado en la esquina «ya va cogiendo forma» a las tres de la tarde, no es porque los vecinos hayan decidido rebelarse contra el sistema de aseo de forma espontánea. Es porque la presencia de las bolsas de EMAS rompe la barrera psicológica de la limpieza urbana. El ciudadano, al ver las bolsas oficiales, interpreta que el esquema de recolección ha cambiado o que ese lugar ha sido habilitado por la autoridad competente.
La «falta de cultura» que EMAS tanto pregona termina siendo, en muchos casos, una respuesta lógica a una señalización confusa. Cuando la empresa deja sus residuos de barrido expuestos durante cinco, seis, siete horas y hasta el día posterior, está enviando un mensaje visual más potente que cualquier campaña de redes sociales:
«En esta esquina se puede dejar basura».
En este sentido, la «corresponsabilidad» que invoca la empresa parece tener un solo sentido. EMAS cobra una tarifa que se ajusta puntualmente a las alzas de ley y las variaciones del salario mínimo, pero no parece dispuesta a ajustar su logística para que sus operarios de barrido cuenten con un sistema de retiro inmediato. Al refugiarse en el discurso de la cultura ciudadana, EMAS evita la autocrítica sobre su propia ineficiencia logística. Es mucho más rentable para los indicadores financieros de la empresa culpar a la «incultura» del vecino que invertir en vehículos satélite que recojan las bolsas de las «escobitas» antes de que el efecto llamada convierta un andén en un foco de infección.
Así, la «Cultura Ciudadana» se transforma de un objetivo social en una herramienta de evasión técnica. Mientras EMAS siga utilizando este discurso para tapar la falta de sincronía entre sus rutas de barrido y recolección, el ciudadano de Manizales seguirá siendo el villano en una historia donde el prestador del servicio es quien pone la primera piedra —o, en este caso, la primera bolsa— del basurero satélite.
El Conflicto de Intereses: ¿Quién vigila al socio?
Para entender por qué las bolsas de basura permanecen inamovibles en las esquinas de Manizales a pesar de las quejas, es necesario levantar la mirada del andén y dirigirla hacia los balances financieros del municipio. El problema no es solo logístico; es un asunto de estructura de poder. En Manizales, la línea que separa a la autoridad que debe vigilar el servicio de la empresa que lo presta es tan delgada que resulta prácticamente invisible.
El dato de poder es contundente: Infimanizales, el brazo financiero de la Alcaldía, es dueño del 48% de las acciones de EMAS. El 52% restante pertenece a la multinacional Veolia. Esta composición accionaria transforma la naturaleza de la administración municipal: la Alcaldía de Manizales no es solo una autoridad civil encargada de velar por el bienestar y la salud pública de sus habitantes; es, en la práctica, una socia capitalista y empresaria del negocio del aseo.
La magnitud de este interés económico quedó al descubierto en una reciente declaración del Alcalde de Manizales durante el espacio «Inside» del diario La República. En el minuto 15:38 de la entrevista, el mandatario afirmó con un tono de éxito administrativo: «Veolia con el municipio de Manizales son dueños de la empresa de aseo, el año pasado botó utilidades por casi 18 mil millones de pesos«. Para cualquier gestor público, una empresa que genera tal nivel de excedentes es una «joya de la corona». Sin embargo, para el ciudadano que ve cómo su factura sube mientras su esquina se llena de moscas, cucarachas y de malos olores, esa cifra de 18 mil millones tiene un sabor amargo.
Es aquí donde surge el fenómeno del «Juez y Parte». En el organigrama municipal, la Secretaría de Medio Ambiente es la entidad encargada de realizar las visitas de inspección, supervisar el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y vigilar que EMAS cumpla con los indicadores de calidad. Pero hay un detalle insalvable: la Secretaria de Medio Ambiente es una subalterna directa del Alcalde, quien a su vez preside la junta directiva de Infimanizales.
¿Qué incentivo real tiene la Secretaría de Medio Ambiente para sancionar rigurosamente a EMAS o para exigirle cambios operativos costosos? La respuesta es puramente aritmética. Si la Secretaría obligara a EMAS a eliminar la práctica de dejar bolsas en las esquinas —lo que requeriría contratar más personal, adquirir vehículos de recolección inmediata y rediseñar rutas—, los costos operativos de la empresa se dispararían. Al subir los costos, las utilidades netas bajarían inevitablemente.
En términos sencillos: cada peso que EMAS invierta en mejorar la logística para que el ciudadano no tenga basura frente a su casa, es un peso menos que entra a las arcas de Infimanizales en forma de dividendos. La administración municipal se enfrenta a una paradoja ética: como autoridad debe exigir excelencia, pero como empresaria necesita rentabilidad. En este pulso de intereses, la evidencia en las calles sugiere que la rentabilidad ha ganado la partida.
Esta dinámica crea un círculo de silencio administrativo. Las «visitas de inspección» se convierten en trámites burocráticos que difícilmente terminan en sanciones reales por el acopio de bolsas en esquinas, ya que el controlador no puede incomodar al socio mayoritario de su propio jefe. Mientras tanto, el municipio percibe los beneficios de una operación «eficiente» que ahorra dinero dejando los residuos en el espacio público a la espera de que pase el camión domiciliario días después.
El ciudadano queda atrapado en medio de este negocio redondo. Por un lado, se le exige el pago de una tarifa que financia esas utilidades récord de 18 mil millones. Por el otro, habita una ciudad donde el supervisor de su servicio tiene el bolsillo directamente conectado a la caja registradora del supervisado. Al final, el basurero de la esquina no es solo un descuido de un operario; es el resultado de un modelo donde la limpieza impecable de los barrios parece ser un costo que la alcaldía-socia no está dispuesta a asumir.
El Espejismo de la Tarifa vs. La Calidad
Yo con gusto pagaría incluso la tarifa del estrato 6 si esa esquina mantuviera limpia y quizás podría abrir mi farmacia nuevamente; de ese modo nos evitaríamos el conflicto con lo indeseable… habitantes de la calle consumiendo vicio, regando basuras, trayendo escombros, olores insoportables, cucarachas, moscas y roedores. Lo triste es ver a los perros callejeros atragantándose con huesos. Y mejoraría mucho la convivencia con los vecinos y seguridad del sector.
Testimonio del vecino de una esquina que prefiere por seguridad que nos reservemos su nombre
El bolsillo de los manizaleños ha sentido en las últimas semanas un rigor que no parece coincidir con la higiene de sus andenes. En los barrios de la ciudad, la indignación ha escalado a medida que llegan facturas con cobros que superan los $286.000 pesos en algunos casos, o alzas acumuladas que rozan el 14%. Esta es la paradoja económica de Manizales: el costo del servicio escala a niveles de primer mundo, pero la logística de recolección se mantiene estancada en métodos de acopio manual que parecen propios del siglo pasado.
La justificación de EMAS ante estos incrementos se ha centrado en factores externos: el aumento del salario mínimo y los ajustes de ley dictados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Argumentan que, al ser una operación intensiva en mano de obra —con más de mil empleados—, cualquier variación en el costo laboral se traslada de inmediato a la tarifa del usuario. Sin embargo, el ciudadano se pregunta: si estoy pagando más para cubrir los costos de una «operación eficiente», ¿por qué sigo teniendo bolsas de basura frente a mi ventana durante medio día?
Aquí es donde el espejismo se desvanece. El usuario paga una tarifa que, en teoría, cubre la excelencia en el barrido y la recolección, pero en la práctica recibe un servicio que utiliza el espacio público como bodega temporal para ahorrar costos de transporte. Es una transferencia de costos invisible: la empresa ahorra combustible y horas de camión al no recoger las bolsas de barrido de inmediato, pero el costo social (olores, plagas, deterioro visual y pérdida de cultura ciudadana) lo paga el vecino sin recibir compensación alguna en su factura.
Ante la evidente inacción del control local —limitado por el conflicto de intereses que significa que el municipio sea socio de la empresa—, la única mirada objetiva proviene de la Vigilancia Nacional. Mientras en Manizales el discurso oficial es de autocomplacencia y utilidades récord, los reportes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) pintan un panorama nacional mucho más estricto.
Solo en 2025, la Superservicios impuso multas al sector de aseo en Colombia por más de $6.400 millones de pesos. Estas sanciones no son caprichosas; se fundamentan en fallas técnicas, incumplimiento de indicadores de calidad y, precisamente, en irregularidades en la recolección y transporte. Estos datos demuestran que, a nivel nacional, la autoridad entiende que el servicio de aseo no se cumple simplemente con pasar una escoba; se cumple cuando el residuo sale del espacio público de manera eficiente y digna para el usuario.
En Manizales, sin embargo, parece haber una desconexión entre estos estándares nacionales y la realidad de la esquina. Mientras la Superservicios sanciona a empresas por fallas técnicas en otras ciudades, en la capital de Caldas la administración local parece validar una logística deficiente que genera puntos críticos de basura. El contraste es hiriente: por un lado, una empresa que «bota utilidades» millonarias y, por otro, un ente regulador nacional que debe intervenir porque las empresas de aseo —incluyendo potencialmente las de capital mixto— no siempre priorizan la calidad técnica sobre el margen de ganancia.
El ciudadano de Manizales se encuentra, entonces, ante un espejismo tarifario. Se le dice que la tarifa es «regulada» y «justa» para sostener la operación, pero la calidad que recibe está condicionada por un modelo de negocio que prefiere dejar la bolsa naranja en el andén para proteger los 18 mil millones de utilidad. Al final, si la vigilancia local es socia del negocio, el usuario queda huérfano de control, dependiendo únicamente de que una entidad en Bogotá ponga sus ojos sobre los andenes de una ciudad que, sobre el papel, dice ser la más limpia de Colombia, pero que en sus esquinas cuenta una historia muy diferente.
El Ciudadano Doblemente Afectado
El análisis de la crisis de aseo en Manizales permite concluir que el habitante de la ciudad no solo padece un problema de basuras; padece un modelo de gestión que lo golpea por dos flancos distintos. Es el «Ciudadano Doblemente Afectado»: aquel que financia con su factura privada las utilidades públicas de un municipio que, a cambio, le devuelve una logística de esquinas degradadas.
El primer golpe es directo al bolsillo. En un contexto económico donde cada peso cuenta, enfrentar alzas tarifarias bajo el argumento de la «corresponsabilidad» y el ajuste de ley resulta cínico cuando la empresa prestadora reporta excedentes de 18 mil millones de pesos. Si el negocio es tan boyante como para «botar utilidades» —en palabras del propio mandatario—, cabe preguntarse por qué esos recursos no se reinvierten prioritariamente en modernizar una logística de recolección que hoy depende de dejar bolsas naranjas a merced de los gallinazos y el clima en barrios como La Enea, La Estrella o el Centro.
El segundo golpe es al entorno vital. Al institucionalizar el uso de las esquinas como centros de acopio para el barrido manual, EMAS y la Alcaldía han fracturado el contrato social de la limpieza urbana. No se puede culpar a la «falta de cultura ciudadana» cuando el propio Estado, a través de su empresa mixta, es quien coloca la primera piedra del vertedero satélite. La administración municipal ha preferido el ahorro operativo que genera la desincronización de sus rutas para proteger los dividendos de Infimanizales, transfiriendo el costo ambiental y sanitario directamente al andén del vecino.
La investigación factual revela que en Manizales la vigilancia local ha sido capturada por el interés empresarial. Mientras la Secretaría de Medio Ambiente dependa jerárquicamente del socio mayoritario de EMAS, su capacidad de control será siempre un espejismo burocrático. El ciudadano queda entonces en un estado de indefensión, pagando tarifas de excelencia por un servicio de «acopio y espera» que solo se corrige cuando la presión en redes sociales o la denuncia periodística obligan a una reacción momentánea.
Este artículo no es solo una queja por una esquina sucia; es una radiografía de cómo el lucro puede cegar la función pública. Manizales debe decidir si su empresa de aseo es un servicio esencial volcado al bienestar ciudadano o una eficiente máquina de recaudo para el presupuesto municipal. Por ahora, las fotos de las 3:10 de la tarde no mienten: mientras los balances financieros brillan en las oficinas de la Alcaldía, las esquinas de la ciudad siguen contando una historia de desidia, bolsas rotas y una «corresponsabilidad» que, hasta hoy, solo ha tenido una dirección: el sacrificio del ciudadano.
«Al final del día, la montaña de residuos que crece en una esquina cualquiera de Manizales es el síntoma de una contradicción sistémica. Mientras el Alcalde celebra ante los medios nacionales utilidades por 18 mil millones de pesos —dinero que oxigena las arcas de Infimanizales—, el ciudadano común asume el costo por partida doble: en una factura que no para de subir y en un espacio público degradado por la propia logística de la empresa. La pregunta para la administración municipal es ineludible: ¿Es EMAS una entidad volcada a la excelencia en el aseo urbano o se ha convertido en una eficiente caja registradora para el municipio? Mientras la Secretaría de Medio Ambiente siga fungiendo como un supervisor que no puede incomodar al socio, las bolsas naranjas seguirán siendo la ‘cuota inicial’ de un basurero que la alcaldía prefiere ignorar, siempre y cuando los excedentes operativos sigan llegando puntuales.»
Deep Dive: El negocio redondo del aseo: utilidades, tarifas y basureros satélite en Manizales. Un análisis factual de la crisis de EMAS en abril de 2026
Se ha verificado cada dato susceptible de comprobación mediante fuentes primarias, documentos oficiales y reportes de medios. Donde no ha sido posible verificar una cifra o fecha exacta a través de fuentes abiertas, lo señalo explícitamente para mantener el rigor del texto.
Resumen
En abril de 2026, la Empresa Metropolitana de Aseo de Manizales (EMAS) enfrentó una crisis de legitimidad ciudadana tras la viralización de facturas que, en casos residenciales, alcanzaron los $286.000 COP. Este artículo de investigación factual examina la conjunción entre el alza tarifaria, las fallas operativas documentadas en la gestión de residuos de barrido y la estructura de propiedad mixta —48,3 % del municipio a través de Infimanizales y 51,7 % de Veolia— que genera un conflicto de intereses en la vigilancia local. A través del análisis de la normativa vigente (Ley 142 de 1994, Resolución CRA 720 de 2015 y el Contrato de Condiciones Uniformes), reportes de inspección de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y evidencia fotográfica de campo, se demuestra que el modelo de «corresponsabilidad» promovido por EMAS no resiste un escrutinio técnico: la propia operación de la empresa institucionaliza puntos críticos de acumulación de residuos, mientras que sus utilidades y dividendos —que superan los $10.000 millones anuales hacia Infimanizales— cuestionan la proporcionalidad entre costo y calidad del servicio.
Palabras clave: EMAS, Manizales, tarifas de aseo, Resolución CRA 720, Infimanizales, puntos críticos, conflicto de intereses, Veolia.
1. Introducción: la esquina como metáfora de un sistema
El 21 de abril de 2026, el gerente de EMAS, Juan Carlos Quintero, comparecía ante los medios locales para explicar por qué los manizaleños estaban recibiendo facturas de aseo que, en algunos casos, superaban el valor del servicio de agua potable. Mientras tanto, en una esquina residencial de la ciudad, a las 11:30 a.m. de un martes cualquiera, operarios de barrido de la misma empresa depositaban bolsas naranjas con residuos recolectados. El problema operativo era evidente: ese martes no era día de recolección domiciliaria en el sector. El camión compactador solo pasaba los lunes y jueves. Al dejar las bolsas expuestas durante horas, EMAS no solo trasladaba el desorden de la calle al andén; estaba generando lo que en gestión de residuos se denomina un «punto crítico de acumulación» institucionalizado.
Este artículo parte de esa paradoja concreta —una bolsa de barrido convertida en imán de basura— para desentrañar un problema estructural: en Manizales, la empresa encargada de mantener la limpieza urbana es, simultáneamente, el agente que la degrada; el municipio que debería vigilarla es, a través de Infimanizales, su principal socio capitalista; y el ciudadano que paga una tarifa creciente recibe a cambio un servicio cuya calidad técnica no se condice con los excedentes financieros que genera.
La pregunta central que orienta esta investigación es: ¿cómo se concilian las utilidades millonarias de una empresa de servicios públicos mixta con una operación de campo que viola sus propios estándares técnicos de calidad? Para responderla, se adopta un enfoque de periodismo de datos y derecho regulatorio, combinando fuentes normativas, reportes financieros oficiales, inspecciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y evidencia documentada por usuarios.
2. Metodología
Esta investigación se sustenta en cuatro tipos de fuentes:
- Normativa primaria: Ley 142 de 1994, Decreto 2981 de 2013, Resolución CRA 720 de 2015 y el Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) de EMAS.
- Fuentes gubernamentales y regulatorias: Informes de inspección de la Superservicios, documentos del Concejo de Manizales y reportes de la Secretaría de Medio Ambiente.
- Fuentes empresariales y financieras: Estados financieros y rendiciones de cuentas de Infimanizales y EMAS.
- Fuentes periodísticas y de redes sociales: Reportes de La Patria, HSB Noticias y Aquí Manizales, además de publicaciones virales de usuarios y concejales en Instagram y X.
Todos los datos financieros y normativos han sido verificados contra documentos originales disponibles en portales institucionales. Las afirmaciones atribuidas a funcionarios provienen de medios de comunicación con registro editorial verificable. Se ha optado por no incluir afirmaciones cuya fuente primaria no ha sido localizada en repositorios abiertos, señalando explícitamente esos límites cuando son relevantes para la argumentación.
3. Marco normativo: lo que la ley exige y lo que EMAS promete
3.1. La Ley 142 de 1994 y el carácter de servicio público
La Ley 142 de 1994 establece que el servicio público domiciliario de aseo es esencial y debe prestarse con criterios de calidad, continuidad y cubrimiento. El artículo 15 de la ley define a las Empresas Sociales del Estado (ESE) y a las Sociedades Anónimas como prestadoras válidas, pero subordina su operación al principio de que el usuario tiene derecho a una prestación «eficiente, continua y de buena calidad». En el caso de las empresas mixtas —como EMAS, donde el capital es compartido entre el sector público y privado—, la ley no establece un techo de ganancias, pero sí impone la obligación de que la tarifa se ajuste a costos eficientes y que la calidad sea verificable.
3.2. La Resolución CRA 720 de 2015: los estándares técnicos innegociables
El régimen tarifario y de calidad del servicio de aseo en Colombia para municipios con más de 5.000 suscriptores está regulado por la Resolución CRA 720 de 2015. Esta norma es particularmente clara en sus estándares de calidad técnica. Para la actividad de barrido y limpieza, el Anexo III establece un indicador absoluto: el prestador debe garantizar que las vías y áreas públicas queden «sin presencia de residuos y/o arenilla» inmediatamente después de realizada la actividad. La meta a alcanzar es del 100 % desde la aplicación de la resolución.
Este estándar no admite interpretaciones laxas. La presencia de una bolsa de barrido en un andén, aunque sea de origen institucional, constituye un residuo visible que incumple la meta técnica. Además, la resolución establece que los vehículos de recolección de residuos provenientes del barrido deben contar con dispositivos GPS y sistemas de georreferenciación para verificar la sincronización entre la limpieza y el retiro de los desechos.
La misma resolución contempla un régimen de descuentos automáticos a los usuarios cuando se incumplen los indicadores de calidad. Los descuentos se calculan semestralmente y su base son las tarifas del estrato 4. Esto implica que, en teoría, los usuarios de Manizales afectados por la acumulación de bolsas de barrido tendrían derecho a una compensación económica si el incumplimiento es reportado y verificado.
3.3. El Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) de EMAS
El CCU es el documento legal que vincula a EMAS con cada suscriptor. En su portal institucional, la empresa publica el CCU para Manizales, donde se compromete a prestar las actividades de recolección, barrido y limpieza de acuerdo con la frecuencia y los horarios establecidos. El CCU incorpora por referencia los estándares de la Resolución CRA 720 y, en virtud del artículo 137 de la Ley 142, garantiza al usuario el derecho a una prestación de buena calidad.
Un elemento crucial del CCU, regulado a su vez por la Resolución CRA 778 de 2016, es que todo cambio en rutas, horarios o frecuencias debe ser comunicado a los usuarios con tres días de anterioridad mediante medios masivos . Si las bolsas de barrido se depositan en días que no corresponden a la recolección domiciliaria, y esta práctica no ha sido notificada, se configura una alteración unilateral del servicio que vulnera el contrato.
4. La crisis tarifaria de abril de 2026: hechos verificables
4.1. El detonante: facturas de $286.000 y la viralización ciudadana
Durante la primera quincena de abril de 2026, múltiples usuarios de Manizales reportaron en redes sociales aumentos significativos en sus facturas de aseo. El caso más visible fue el denunciado por el concejal Víctor Caicedo (Alianza Verde) en una sesión del Concejo de Manizales, quien expuso que un amigo suyo había recibido una factura de EMAS por $286.000 en un espacio residencial, lo que lo había dejado en la disyuntiva de «no saber si mercar o pagar». La intervención de Caicedo alcanzó más de 117.000 reproducciones en Instagram y generó una ola de comentarios similares.
Otros casos documentados incluyen la factura de $116.212 reportada por el columnista Luis Felipe Molina en su cuenta de X el 24 de marzo de 2026, y un video viralizado por el usuario Cristian Cotacio Arango el 3 de abril, donde se cuestionaba un incremento mensual sostenido desde 2025. El Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios emitió un comunicado instando a la ciudadanía a presentar «masivos derechos de petición» y exigiendo pronunciamiento de la Alcaldía .
4.2. La respuesta corporativa: salario mínimo y «efecto dominó»
Ante la presión mediática, el gerente de EMAS, Juan Carlos Quintero, concedió una entrevista a La Patria el 21 de abril de 2026. Su argumento central fue que el incremento del salario mínimo —que para 2026 fue del 23 %— impactó desproporcionadamente al sector aseo porque, a diferencia de acueducto o energía, el recurso más importante de EMAS «no son redes ni infraestructura, sino personas». Quintero precisó que la empresa emplea a 1.082 personas de manera directa e indirecta.
Según el gerente, la metodología tarifaria de la CRA permitía un incremento de hasta el 22 %, pero EMAS decidió aplicar uno cercano al 15 % para mitigar el impacto. También señaló que la empresa aplica un descuento del 10 % en todas las facturas, lo que le representa una pérdida de ingresos de aproximadamente $800 millones mensuales.
4.3. La imposibilidad de comparar tarifas
Cuando se le cuestionó por qué Manizales tiene tarifas más altas que ciudades como Pereira o Armenia, Quintero respondió que «las tarifas entre empresas no son comparables» porque dependen del número de usuarios, kilómetros de vías, frecuencias de recolección y producción de basura
. Sobre el argumento de que el relleno sanitario La Esmeralda —que recibe residuos de 23 municipios de Caldas, Risaralda, Antioquia y Tolima— debería generar economías de escala, el gerente replicó que los costos de tratamiento de lixiviados y desnitrificación son elevados, y que el 75 % del presupuesto de inversión anual (aproximadamente $13.000 millones) se destina al sitio de disposición final.
5. El fallo operativo: puntos críticos y el «efecto llamada»
5.1. De la evidencia fotográfica al concepto técnico
La investigación de campo documentó una secuencia específica: a las 11:30 a.m. de un martes, operarios de EMAS depositaron bolsas de barrido en una esquina. A las 3:10 p.m., el punto había escalado a un basurero satélite con bolsas de hogares, escombros y residuos orgánicos. Este fenómeno no es anecdótico; responde a un patrón reconocido en la literatura de gestión urbana como «efecto llamada» o «ventanas rotas» aplicadas al espacio público: la presencia de un residuo institucionaliza la disposición informal.
Desde la perspectiva normativa, la práctica contradice frontalmente el estándar de la Resolución CRA 720. Si la vía debe quedar «sin presencia de residuos» después del barrido, una bolsa abandonada durante cinco o seis horas incumple la meta del 100 %. La interpretación de EMAS —que el residuo «desaparece» al ser embolsado— no tiene sustento en la norma.
5.2. El censo de puntos críticos: inconsistencias documentadas
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de Manizales establece la obligación de identificar y mitigar los puntos críticos de acumulación. En 2026, la Secretaría de Medio Ambiente reportó al Concejo un avance del 85,54 % en la implementación del PGIRS. Sin embargo, los reportes de inspección de la Superservicios revelan inconsistencias graves en la información que EMAS reporta sobre estos puntos.
En un informe de vigilancia detallada de 2022, la Superservicios encontró que EMAS manifestó contar con un inventario de 73 puntos críticos, pero durante la visita el prestador indicó que habían ingresado 6 puntos adicionales en 2021 y 5 en 2022, para un total de 84. No obstante, el documento soporte del PGIRS solo presentaba la relación de 73 puntos, y no se allegaron soportes de los comités de puntos críticos que, según EMAS, se reunían mensualmente con la Secretaría de Medio Ambiente y la Policía.
Esta discrepancia entre lo reportado y lo verificado no es menor. Si EMAS no puede conciliar su propio censo de puntos críticos ante un auditor, resulta improbable que la ciudadanía obtenga respuestas claras sobre por qué una esquina específica permanece como foco de acumulación recurrente.
5.3. La sincronización rota: barrido sin recolección inmediata
El problema técnico central es la desincronización entre la actividad de barrido manual y la recolección de los residuos resultantes. La Resolución CRA 720 exige que los vehículos de recolección de residuos del barrido cuenten con GPS y que su operación sea georreferenciada. Esto implica que la empresa tiene la capacidad tecnológica para coordinar la recolección inmediata de las bolsas de barrido. Que no lo haga —dejando las bolsas a la intemperie durante horas o días— sugiere una decisión operativa orientada al ahorro de costos (menos frecuencia de vehículos satélite) a expensas de la calidad del servicio.
La respuesta de EMAS a un usuario, citada en la investigación original, encapsula esta lógica: «Nuestro servicio no es por demanda, hay unos horarios que lastimosamente la gente no respeta». Sin embargo, esta retórica de la «corresponsabilidad» omite que la empresa es quien incumple primero: si el barrido genera residuos el martes y el camión no pasa hasta el jueves, el operario está depositando basura en un día no autorizado para acopio, contradiciendo el propio CCU que prohíbe a los usuarios hacer exactamente eso.
6. El análisis financiero: Infimanizales, Veolia y el conflicto de intereses
6.1. La estructura accionaria: un municipio empresario
Para comprender por qué la calidad operativa no parece ser la prioridad de EMAS, es necesario examinar su estructura de propiedad. Según el portal de Infimanizales, el brazo financiero de la Alcaldía posee el 48,3 % de las acciones de EMAS. El control operativo y la mayoría accionaria restante corresponden a Veolia, la multinacional francesa que administra la empresa bajo la marca «EMAS by Veolia».
Esta composición transforma a la Alcaldía de Manizales en algo más que una autoridad vigilante: la convierte en socia directa de los excedentes financieros. La Ley 142 no prohíbe que una empresa de servicios públicos sea rentable, pero genera una tensión estructural cuando el ente encargado de velar por la calidad del servicio depende jerárquicamente del mismo funcionario que preside la junta directiva del accionista público.
6.2. Las utilidades y dividendos: cifras oficiales
Los reportes financieros de Infimanizales arrojan cifras que contextualizan la magnitud del negocio. En el documento de apropiaciones presupuestales para 2025, Infimanizales reportó dividendos decretados de EMAS por $10.071 millones. A su vez, un reporte de La Patria sobre la rendición de cuentas de las entidades descentralizadas indicó que, en 2025, Infimanizales produjo $23.020 millones en dividendos totales, recursos que «fortalecen las finanzas del Municipio».
Otra nota del mismo medio, referida a las ganancias de las entidades descentralizadas, señala que Infimanizales aumentó sus utilidades en un 9,7 %, con cifras cercanas a los $18.808 millones. Si bien no ha sido posible verificar directamente la entrevista del Alcalde Carlos Mario Marín en el programa Inside de La República a la que hacen referencia algunas versiones ciudadanas, las cifras oficiales de Infimanizales confirman que el municipio percibe beneficios millonarios de su participación en EMAS.
Esta realidad financiera es crucial para el análisis. Cada peso que EMAS invierte en mejorar su logística —por ejemplo, adquiriendo vehículos satélite para recoger las bolsas de barrido de inmediato— es un peso que reduce sus utilidades netas y, por ende, los dividendos que Infimanizales percibe y que alimentan el presupuesto municipal.
6.3. El «juez y parte»: la paradoja de la vigilancia local
En el organigrama municipal, la Secretaría de Medio Ambiente es la entidad encargada de inspeccionar y vigilar el cumplimiento del PGIRS y los estándares de calidad de EMAS. Sin embargo, el Secretario de Medio Ambiente es un funcionario de libre nombramiento y remoción del Alcalde, quien a su vez ejerce influencia sobre Infimanizales.
Esta estructura crea un conflicto de intereses sistémico. La Secretaría tiene el deber legal de sancionar o exigir correctivos a EMAS cuando incumple los indicadores de calidad, pero cualquier medida que eleve los costos operativos de la empresa —como eliminar el acopio en esquinas mediante más personal o más vehículos— reducirá los dividendos que recibe el municipio. En este escenario, la «vigilancia» local tiene un incentivo perverso para ser laxa con las fallas que ahorran costos a la empresa mixta.
La evidencia sugiere que este no es un escenario hipotético. El informe de la Superservicios de 2022 ya señaló que, pese a que EMAS afirmaba contar con comités mensuales de puntos críticos junto con la Secretaría de Medio Ambiente, no existían soportes documentales de esas reuniones. El control formal existe; la ejecución efectiva, no.
7. La vigilancia fragmentada: entre la Superservicios y la inacción local
7.1. Las multas nacionales como termómetro del sector
Mientras en Manizales la vigilancia local parece cooptada por la estructura de propiedad, la única instancia de control objetivo proviene de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), entidad nacional con sede en Bogotá que no tiene interés directo en los dividendos de Infimanizales.
En diciembre de 2025, la Superservicios reportó que durante ese año impuso multas a empresas prestadoras de servicios públicos por un total de $35.715 millones. Del sector de acueducto, alcantarillado y aseo, las sanciones ascendieron a más de $14.000 millones, de los cuales $6.475 millones correspondieron específicamente a servicios de aseo. Las causales incluyeron incumplimiento de normas técnicas, fallas en la prestación de la actividad de aprovechamiento, y reportes de mala calidad al Sistema Único de Información (SUI).
Estas cifras demuestran que la autoridad regulatoria nacional sí castiga las fallas técnicas en el servicio de aseo. La pregunta que emerge es: si a nivel nacional se consideran sancionables estas deficiencias, ¿por qué en Manizales la respuesta institucional se limita a discursos sobre «cultura ciudadana»?
7.2. La rendición de cuentas como simulacro
La rendición de cuentas de EMAS, publicada en su portal institucional, destaca avances en sostenibilidad, descarbonización y educación ambiental. El documento menciona programas como «Capitanes del Aseo» y la operación del Centro Inteligente de Gestión Ecológica La Esmeralda. Sin embargo, esta narrativa de excelencia ambiental contrasta con la incapacidad operativa para retirar una bolsa de barrido el mismo día de su producción.
Este desfase entre el discurso corporativo y la realidad de campo no es exclusivo de EMAS, pero adquiere una gravedad particular cuando se combina con alzas tarifarias significativas. El ciudadano de Manizales no solo financia un servicio deficiente; financia una maquinaria de comunicación que le devuelve, como explicación, su propia supuesta incultura.
8. Discusión: el doble cobro del ciudadano
8.1. La transferencia de costos invisible
El modelo operativo descrito en esta investigación configura lo que podría denominarse una «doble tributación» ambiental. Por un lado, el usuario paga una tarifa regulada que, según EMAS, solo cubre costos eficientes más un margen razonable. Por otro lado, acepta —sin compensación— la degradación de su espacio público como externalidad negativa de una decisión empresarial de ahorro logístico.
Cuando EMAS deja una bolsa de barrido en una esquina el martes para recogerla el jueves, está externalizando el costo del almacenamiento temporal. En una ciudad con infraestructura adecuada, ese residuo debería ir a un contenedor cerrado o ser recogido por un vehículo satélite dentro de la hora siguiente. Al no hacerlo, la empresa ahorra combustible, horas de conductor y desgaste de vehículos, pero el vecino asume el costo en términos de contaminación visual, olores, plagas y pérdida de valor inmobiliario.
8.2. La paradoja de la rentabilidad
El dato más incómodo para la narrativa de EMAS es que la empresa es financieramente exitosa. No se trata de un prestador al borde del colapso que debe elegir entre pagar salarios o recoger basura. Los dividendos que EMAS entrega a Infimanizales —superiores a los $10.000 millones anuales según documentos oficiales
— demuestran que la operación genera excedentes considerables.
En este contexto, el argumento de que el alza tarifaria es una inevitabilidad impuesta por el salario mínimo pierde fuerza. Si la empresa tuviera margen de utilidad negativo o estuviera en riesgo financiero, el incremento sería comprensible. Pero cuando una empresa con utilidades millonarias eleva sus tarifas en un 15 % y, simultáneamente, mantiene una logística de acopio en andenes que viola sus propios estándares técnicos, el ciudadano tiene motivos fundados para sospechar que la rentabilidad se prioriza sobre la prestación.
8.3. La corresponsabilidad como retórica de evasión
El concepto de «corresponsabilidad» entre prestador y usuario es válido en teoría, pero en la práctica se ha convertido en un mecanismo de transferencia de culpa. EMAS le exige al ciudadano respetar horarios y no dejar bolsas en las esquinas, mientras que su propia operación de barrido hace exactamente eso. Esta contradicción no es retórica; es normativa. El CCU prohíbe a los usuarios dejar residuos fuera de los horarios establecidos, pero la empresa no aplica la misma regla a sus operarios.
La «cultura ciudadana» no puede construirse sobre una base de incumplimiento institucionalizado. Cuando el ciudadano ve que la bolsa naranja de EMAS es la primera en llegar a la esquina, el mensaje que recibe es que el espacio público es un área de disposición temporal autorizada. Cualquier campaña posterior sobre civismo choca contra esta señalización visual contradictoria.
9. Conclusiones
La crisis de abril de 2026 no es un evento aislado ni una simple reacción visceral de usuarios ante un aumento de tarifas. Es la manifestación pública de un modelo de gobernanza de servicios públicos enfermo, donde tres fallas estructurales convergen:
Primera, una falla operativa documentada. EMAS incumple el estándar técnico de la Resolución CRA 720 de 2015 al dejar residuos de barrido en el espacio público durante horas, generando puntos críticos de acumulación que la misma empresa está obligada a erradicar. La evidencia fotográfica y los informes de inspección de la Superservicios respaldan esta conclusión.
Segunda, una falla de vigilancia local cooptada. La estructura de propiedad mixta, donde Infimanizales (y por ende la Alcaldía) posee el 48,3 % de EMAS, genera un conflicto de intereses que invalida la objetividad del control municipal. La Secretaría de Medio Ambiente no puede ser un fiscal riguroso de una empresa de la que su jefe político es socio beneficiario.
Tercera, una falla de equidad tarifaria. El ciudadano de Manizales paga más por un servicio que, en su componente de barrido y limpieza, se ha estancado en métodos logísticos que degradan el espacio público. Mientras tanto, los dividendos de EMAS alimentan las finanzas de Infimanizales y, por extensión, del municipio.
El «ciudadano doblemente afectado» no es una metáfora; es una descripción precisa de la realidad. Paga una factura creciente y, a cambio, recibe una esquina que se convierte en basurero por decisión operativa de quien debería impedirlo. La pregunta que queda en el aire —y que esta investigación no puede responder por completo, pero sí formular con el rigor que exige el interés público— es: ¿hasta cuándo una administración municipal puede celebrar las utilidades de su empresa de aseo mientras las esquinas de su ciudad cuentan otra historia?
Referencias
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2015). Resolución 720 de 2015: Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo. Gestor Normativo CRA.
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2015). Resolución CRA 720 de 2015: Anexo III, estándares de calidad técnica e indicadores del servicio. Promoambiental Distrito. https://www.promoambientaldistrito.com/wp-content/uploads/2018/09/Resolucion-CRA-720-de-2015.pdf
Empresa Metropolitana de Aseo S.A. E.S.P. (s.f.). Contrato de Condiciones de Uniformes – Manizales. EMAS by Veolia. https://www.emas.com.co/servicio-al-cliente/contrato-de-condiciones-de-uniformes-1
Empresa Metropolitana de Aseo S.A. E.S.P. (s.f.). Rendición de cuentas EMAS. EMAS by Veolia. https://www.emas.com.co/sites/default/files/public/Rendicion%20Emas%20archivo%20final.pdf
HSB Noticias. (2026, 23 de abril). Emas explica incremento en facturas de aseo en Manizales. https://www.hsbnoticias.com/emas-explica-incremento-en-facturas-de-aseo-en-manizales/
Infimanizales. (s.f.). Inversiones en Empresas. Infimanizales. https://infimanizales.com/negocio-2/inversiones-en-empresas/
La Patria. (2026, 13 de marzo). Instituciones fuertes, resultados que transforman a Manizales. https://www.lapatria.com/publirreportaje/instituciones-fuertes-resultados-que-transforman-manizales
La Patria. (2026, 21 de abril). Emas responde críticas por el alza en facturas de aseo en Manizales: quejas por cobros de $286 mil y $116 mil. https://www.lapatria.com/manizales/emas-responde-criticas-por-el-alza-en-facturas-de-aseo-en-manizales-quejas-por-cobros-de
La Patria. (s.f.). Infis celebran ganancias, en buena parte por dividendos de Chec, Emas y Efigás. https://www.lapatria.com/economia
Manizales Cómo Vamos. (2025, 22 de septiembre). Informe de Calidad de Vida 2024-2025. https://manizalescomovamos.org/wp-content/uploads/2025/09/ICV-MCV-2024-2025-FINAL.pdf
Portafolio. (2025, 22 de diciembre). Superservicios impuso multas por más de $35.700 millones a las empresas prestadoras de servicios públicos. https://www.portafolio.co/energia/superservicios-impuso-multas-por-mas-de-35-700-millones-a-las-empresas-prestadoras-de-servicios-publicos-485115
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2022). Informe de vigilancia e inspección detallada: Empresa Metropolitana de Aseo. http://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Informe-de-inspeccion-detallada-Empresa-Metropolitana-de-Aseo-2022.pdf
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2025, 22 de diciembre). Superservicios impone multas a empresas de servicios públicos domiciliarios por más de $35.715 millones durante 2025. http://www.superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/superservicios-impone-multas-empresas-de-servicios-publicos-domiciliarios-por-mas-de-35715-millones-durante-2025
Nota metodológica final: Este artículo utiliza las cifras oficiales de dividendos y utilidades de Infimanizales disponibles en documentos municipales y reportes de La Patria. Se recomienda a los lectores interesados en profundizar solicitar los registros audiovisuales al Concejo de Manizales para complementar esta investigación.
