Dos años después, los proyectos siguen sin recursos transferidos ni compromisos jurídicos que garanticen su ejecución.

Más de dos años después de que el Ministerio TIC anunciara $64.000 millones para conectividad, inteligencia artificial, ciberseguridad y centros digitales en Caldas, la inversión continúa sin materializarse, según información entregada por la Gobernación a la Corporación Cívica de Caldas. El caso revela la distancia entre el anuncio político y la ejecución pública.

El 5 de abril de 2024, en Caldas, el futuro tenía una cifra: $64.000 millones.
El entonces ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, anunció junto al Gobierno Departamental una inversión que debía fortalecer la conectividad, impulsar la inteligencia artificial, desarrollar capacidades de ciberseguridad y llevar infraestructura tecnológica a distintas subregiones del departamento.
Era una promesa de transformación.
Dos años después, la Corporación Cívica de Caldas puso una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿dónde están esos recursos?
La respuesta encontrada en la información suministrada por la propia Gobernación de Caldas es difícil de conciliar con el tamaño de aquel anuncio: a julio de 2026, ninguno de los $64.000 millones había llegado al departamento. No existían convenios interadministrativos, contratos, memorandos de entendimiento ni actos administrativos que respaldaran la inversión anunciada. Tampoco había recursos asignados, comprometidos o transferidos por el Ministerio TIC para dos de los componentes más ambiciosos del proyecto.
No significa que los $64.000 millones hayan sido gastados y desaparecido.
Significa algo diferente, y quizá más revelador: la promesa nunca alcanzó el punto administrativo en el que pudiera convertirse en una obligación concreta de inversión.
Entre el anuncio político y la ejecución presupuestal quedó un territorio conocido por la administración pública colombiana: mesas técnicas, documentos, diagnósticos, cambios de dependencia, modificaciones de estrategia, estudios, predios caracterizados y proyectos que esperan una decisión.
Mientras tanto, el reloj siguió avanzando.
La cifra que parecía una política pública
El anuncio de abril de 2024 no era una declaración genérica de intención.
La cifra estaba desagregada.
El paquete contemplaba $20.000 millones para una red de fibra óptica, $20.000 millones para el Centro Tecnológico de Villamaría —divididos entre un Centro de Inteligencia Artificial y un HUB y SOC de Ciberseguridad— y $24.000 millones para seis Centros PotencIA Digital en las subregiones de Caldas.
En términos políticos, era una apuesta considerable.
En términos territoriales, podía convertirse en infraestructura.
En términos comunicativos, era una cifra suficientemente grande para instalar la idea de que Caldas estaba entrando en una nueva etapa tecnológica.
Pero hay una diferencia fundamental entre anunciar una inversión y tener una inversión jurídicamente respaldada.
La primera puede ocurrir frente a cámaras.
La segunda requiere documentos.
Y esa diferencia es el centro de esta historia.
La información utilizada por la Corporación Cívica de Caldas proviene, entre otras fuentes, de la respuesta entregada el 22 de julio de 2026 por la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas a un derecho de petición presentado por la organización de veeduría. La investigación también contrastó los anuncios publicados por el Ministerio TIC y la Gobernación.
Es decir: el dato decisivo no proviene solamente de una interpretación periodística.
Proviene de preguntar a la propia administración qué había ocurrido con aquello que se había anunciado.
El primer problema: $64.000 millones no son lo mismo que $64.000 millones ejecutados
La expresión “inversión de $64.000 millones” produce una imagen inmediata: dinero disponible para construir, contratar, instalar y entregar.
Pero una inversión pública no se materializa solamente porque una autoridad la anuncie.
Para que una promesa de esa magnitud pueda transformarse en infraestructura deben aparecer, según corresponda al mecanismo escogido, decisiones administrativas, disponibilidad y apropiación presupuestal, convenios, contratos, estudios definitivos, responsables institucionales, fuentes de financiación y demás instrumentos que permitan ejecutar el gasto.
En este caso, el problema detectado por la veeduría está precisamente allí.
La Gobernación informó que las actuaciones adelantadas consistieron en actividades de formulación, mesas técnicas, elaboración de documentos y diagnósticos.
Hubo trabajo.
Hubo reuniones.
Hubo documentos.
Hubo propuestas.
Pero no hubo la última transformación: la del proyecto en compromiso jurídico y financiero exigible.
Ese detalle cambia completamente la lectura.
Porque una administración puede pasar meses o años estructurando un proyecto sin que exista todavía una obligación de contratarlo.
Y, si no existe esa obligación, la cifra anunciada puede permanecer exactamente donde estaba el día de la rueda de prensa: en el terreno de la expectativa.
Cuatro proyectos, cuatro formas de quedarse esperando
La investigación de la Corporación Cívica de Caldas permite reconstruir cuatro historias diferentes dentro de los mismos $64.000 millones.
No todos se atascaron de la misma manera.
Y precisamente por eso el caso resulta interesante.
1. El Centro de Inteligencia Artificial: volver a empezar
La Gobernación informó que el proyecto del Centro de Inteligencia Artificial fue radicado técnicamente ante el Ministerio TIC el 20 de mayo de 2024, después de mesas de trabajo con universidades y actores del ecosistema regional.
Parecía un avance.
Pero posteriormente se produjo un cambio en la dependencia del Ministerio encargada del proyecto.
Según la respuesta de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, ese cambio obligó a reiniciar el proceso y a elaborar nuevamente estudios técnicos, presupuestos, cronogramas y documentos precontractuales.
El proyecto, a julio de 2026, no había sido formalizado.
Aquí aparece una de las preguntas que debería interesar no solamente a Caldas sino a cualquier ciudadano que siga la ejecución de políticas públicas:
¿Cuánto cuesta reiniciar un proyecto que ya había sido estructurado?
No necesariamente en pesos pagados al contratista —la documentación disponible no demuestra que existiera ese gasto—, sino en tiempo institucional, horas de funcionarios, reuniones, estudios, coordinación con universidades y expectativas territoriales.
Una política pública puede no perder dinero y, sin embargo, perder años.
Ese también es un costo.
2. El HUB y SOC de Ciberseguridad: el proyecto que nunca encontró quién lo financiara
El segundo componente del Centro Tecnológico de Villamaría tenía como propósito desarrollar capacidades relacionadas con ciberseguridad.
La Gobernación reportó reuniones de estructuración con BIOS Colombia y otros actores.
Pero, según la información oficial suministrada para la investigación, el Ministerio TIC no habría definido la dependencia responsable del trámite ni la fuente de financiación.
El resultado fue que la iniciativa no pasó de la etapa de formulación.
Aquí el problema deja de parecer un simple retraso.
Aparece una pregunta institucional más elemental:
¿quién era responsable de convertir el anuncio en proyecto financiable?
Una política pública puede tener buenas ideas, aliados académicos, actores empresariales y respaldo político.
Pero si nadie tiene claramente asignada la responsabilidad de llevarla desde el diseño hasta la contratación, la iniciativa puede quedar suspendida en una especie de zona administrativa donde todos participaron y nadie ejecutó.
El expediente disponible no permite atribuir unilateralmente esa parálisis a una sola persona.
Sí permite afirmar que, a julio de 2026, no existía el instrumento financiero y jurídico que permitiera materializar esos $20.000 millones anunciados para el Centro Tecnológico de Villamaría.
3. La fibra óptica: estudios listos, estrategia cambiada
El proyecto de conectividad tenía una dimensión territorial distinta.
Los $20.000 millones anunciados para una red de fibra óptica debían fortalecer la conectividad del departamento.
La Gobernación informó que remitió los estudios técnicos y la documentación requerida.
Pero mientras avanzaba el proceso cambió la estrategia nacional de conectividad.
La iniciativa fue modificada y, más de dos años después del anuncio original, continuaba en evaluación por parte del Ministerio TIC.
Este caso muestra otro problema frecuente de la política pública: cuando cambia la estrategia nacional, los proyectos territoriales que fueron diseñados bajo la estrategia anterior pueden quedar suspendidos, rediseñados o sometidos nuevamente a evaluación.
Desde Bogotá, cambiar una política puede parecer una decisión administrativa.
Desde el territorio, puede significar volver a comenzar.
Y aquí aparece otra pregunta para la investigación:
¿Cuánto tiempo puede permanecer un proyecto territorial en evaluación antes de que la evaluación misma se convierta en una forma de no decidir?
El expediente suministrado no permite responder esa pregunta.
Pero sí permite establecer que, más de dos años después del anuncio, la red de conectividad todavía no había llegado a la etapa de ejecución.
4. Los Centros PotencIA: los predios existen, los convenios no
El cuarto componente tenía una lógica de descentralización.
Los $24.000 millones estaban destinados a seis Centros PotencIA Digital en diferentes subregiones de Caldas.
Según la Gobernación, se realizó la caracterización de los predios en seis municipios y se entregó la documentación requerida.
Otra vez hubo trabajo territorial.
Otra vez hubo preparación.
Pero el proyecto seguía esperando que el Ministerio TIC evaluara las propuestas y suscribiera los respectivos convenios.
La imagen que deja este capítulo es casi elemental:
hay predios caracterizados para una infraestructura que todavía no tiene convenio para construirse.
Y ahí aparece uno de los problemas menos visibles de la política pública basada en anuncios.
Los municipios pueden movilizar funcionarios.
Pueden preparar información.
Pueden identificar terrenos.
Pueden hacer visitas.
Pueden producir documentos.
Pueden coordinar reuniones.
Pero si el nivel nacional no toma la decisión final, todo ese trabajo puede quedarse esperando.
No necesariamente es dinero perdido.
Es algo más difícil de medir:
capacidad administrativa consumida en proyectos que no llegan a ejecución.
El dato más importante está en una frase administrativa
La respuesta de la Gobernación contiene una conclusión que debería ocupar un lugar central en cualquier discusión seria sobre el caso.
Según la administración departamental, las actuaciones adelantadas no generaron responsabilidades exigibles, porque la materialización de las inversiones dependía de decisiones administrativas que el Ministerio TIC no había adoptado.
Esa frase permite desmontar una posible interpretación equivocada.
No estamos ante una obra contratada y abandonada.
No estamos ante $64.000 millones desembolsados y desaparecidos.
No estamos, con la información disponible, ante un contrato incumplido por un constructor.
Estamos ante algo anterior:
una inversión anunciada públicamente que no alcanzó a convertirse en obligación jurídica de ejecución.
Y precisamente por eso el caso resulta importante para el debate sobre transparencia.
La pregunta no es solamente:
“¿Dónde está la plata?”
También debería ser:
“¿En qué momento un anuncio de inversión pública puede presentarse ante la ciudadanía como una inversión si todavía no existe una obligación presupuestal y jurídica que garantice su ejecución?”
La política del anuncio tiene un problema democrático
Anunciar una inversión es políticamente rentable.
Ejecutarla es administrativamente difícil.
La diferencia entre ambas cosas suele desaparecer en los titulares.
Una noticia puede decir que un territorio recibirá $64.000 millones.
El ciudadano puede recordar la cifra.
Los actores políticos pueden presentar el anuncio como gestión.
Los gobiernos locales pueden comunicar que consiguieron recursos.
Pero meses después, cuando la ciudadanía pregunta por las obras, aparece una respuesta mucho menos fotogénica:
“el proyecto está en estructuración”.
“se encuentra en evaluación”.
“se modificó la estrategia”.
“se está definiendo la fuente de financiación”.
“se cambió la dependencia responsable”.
“estamos esperando lineamientos”.
Cada frase puede ser administrativamente legítima.
El problema aparece cuando todas juntas producen años de espera.
Eso es lo que este caso permite discutir.
No necesariamente la mala fe de quienes participaron en el anuncio —eso requeriría pruebas adicionales—, sino la debilidad de un modelo de comunicación pública en el que una promesa puede instalarse en la opinión ciudadana mucho antes de tener respaldo suficiente para ejecutarse.
El Gobierno de Caldas también tiene preguntas que responder
La existencia de trabas en el Ministerio TIC no elimina la responsabilidad de los actores territoriales de explicar qué hicieron antes, durante y después del anuncio.
La propia Gobernación informó que desde junio de 2024 solicitó formalmente orientación al Ministerio para viabilizar los proyectos.
Esa gestión, según la respuesta oficial, no permitió concretar la financiación.
Aquí hay una segunda línea de investigación.
No basta con saber que Bogotá no desembolsó.
También importa reconstruir qué hizo Caldas para intentar convertir la promesa en realidad.
¿Cuántas comunicaciones fueron enviadas?
¿Quién las recibió?
¿Cuándo fueron contestadas?
¿Qué modificaciones pidió el Ministerio?
¿Qué estudios fueron elaborados?
¿Cuánto costó producirlos?
¿Qué funcionarios participaron?
¿Qué municipios aportaron predios?
¿Hubo actas de las mesas técnicas?
¿Existieron cronogramas?
¿Quién debía aprobarlos?
¿En qué momento se informó públicamente que los $64.000 millones no estaban jurídicamente garantizados?
Estas preguntas no son acusaciones.
Son reportería.
Y precisamente por eso deberían ser el siguiente paso.
La otra mitad de la historia está en el Ministerio TIC
La documentación disponible hasta el momento deja una asimetría.
Tenemos una respuesta formal de la Gobernación explicando por qué los proyectos no llegaron a ejecución.
Pero la investigación necesita también la versión completa del Ministerio TIC.
Especialmente porque varios de los obstáculos descritos están relacionados con decisiones nacionales.
El Ministerio debería explicar, entre otros asuntos:
- por qué cambió la dependencia encargada del Centro de Inteligencia Artificial;
- qué ocurrió con la propuesta radicada el 20 de mayo de 2024;
- quién asumió posteriormente la responsabilidad;
- por qué fue necesario reiniciar estudios;
- cuál era la fuente de financiación inicialmente prevista para el HUB y SOC;
- por qué no se definió oportunamente la dependencia responsable;
- qué cambios sufrió la estrategia nacional de conectividad;
- qué estado exacto tiene hoy el proyecto de fibra óptica;
- qué evaluación falta para los Centros PotencIA;
- si existe actualmente una partida presupuestal asociada a alguno de los cuatro proyectos;
- y, sobre todo, si el Ministerio mantiene vigente el compromiso anunciado en abril de 2024.
La respuesta a estas preguntas podría cambiar sustancialmente la lectura del caso.
Porque una investigación seria no debería buscar únicamente confirmar una hipótesis.
Debería estar preparada para modificarla si aparecen nuevos documentos.
El problema de los titulares que envejecen
Hay una fotografía recurrente en la política pública colombiana.
El funcionario llega.
Las cámaras se encienden.
Se anuncia una inversión.
Se enumeran beneficiarios.
Se habla de transformación.
La noticia circula.
Luego comienza el verdadero proceso administrativo.
Y allí desaparece la velocidad de la política.
El anuncio dura minutos.
La ejecución puede tardar años.
En el caso de Caldas, esos dos tiempos terminaron separados por más de dos años.
El 5 de abril de 2024, la cifra era noticia.
El 22 de julio de 2026, una respuesta de derecho de petición permitió saber que no había recursos transferidos y que tampoco existían instrumentos jurídicos que hicieran exigible la inversión.
El 5 de octubre de 2026, la Corporación Cívica de Caldas convirtió esa diferencia entre anuncio y ejecución en el primer capítulo de su proyecto de veeduría “Del Dicho al Hecho”.
Ese intervalo de tiempo es, en sí mismo, parte de la historia.
Lo que sí ocurrió: trabajo técnico sin desembolso
Sería injusto reducir todo el proceso a “no hicieron nada”.
La información disponible demuestra que sí hubo actuaciones.
Hubo mesas técnicas.
Hubo formulación.
Hubo elaboración de documentos.
Hubo diagnósticos.
Hubo una propuesta técnica para el Centro de Inteligencia Artificial.
Hubo reuniones relacionadas con el proyecto de ciberseguridad.
Hubo estudios técnicos para conectividad.
Hubo caracterización de predios para los Centros PotencIA.
Hubo solicitudes de orientación desde la Gobernación hacia el Ministerio.
Lo que no ocurrió fue el salto decisivo entre estructuración y ejecución.
Esa distinción importa porque permite hacer una crítica más precisa.
El problema no parece ser simplemente que nadie trabajara.
El problema es que el trabajo administrativo no produjo el resultado para el cual se había generado la expectativa pública.
Y cuando una administración consume tiempo y capacidades en un proyecto que no consigue financiación, también debería existir una explicación pública sobre el costo de esa ineficiencia.
¿Cuánto cuesta que una promesa no se cumpla?
Esta es quizá la pregunta más interesante que deja el caso.
Los $64.000 millones son fáciles de contar.
El costo de la espera, no.
¿Qué vale dos años de retraso en conectividad?
¿Qué vale para una comunidad rural seguir esperando una infraestructura digital?
¿Qué representa para una universidad participar en mesas técnicas de un centro de inteligencia artificial que nunca se formaliza?
¿Qué significa para un municipio reservar o caracterizar un predio para un Centro PotencIA que todavía no tiene convenio?
¿Cuánto tiempo funcionario se dedicó a un proyecto que no pudo avanzar?
¿Cuántas otras iniciativas dejaron de recibir esa capacidad administrativa?
La información disponible no permite cuantificar esos costos.
Pero precisamente por eso deberían investigarse.
Porque la rendición de cuentas no debería limitarse al dinero que sale de una cuenta bancaria.
También debería mirar el costo de oportunidad de las decisiones que nunca llegan a tomarse.
Tecnología, territorio y una promesa que tenía sentido
Hay otro elemento que no debería perderse en medio de la denuncia.
Los proyectos anunciados respondían a necesidades reales.
La conectividad digital no es un lujo.
La inteligencia artificial ya forma parte de la transformación de las economías.
La ciberseguridad es una infraestructura estratégica.
Y los espacios de formación tecnológica pueden contribuir a reducir brechas territoriales.
Por eso el fracaso de ejecución no vuelve innecesarios los proyectos.
Al contrario.
Hace más urgente saber si siguen siendo pertinentes.
La pregunta para el nuevo Ministerio TIC no debería ser solamente por qué no se ejecutaron los $64.000 millones.
También debería ser:
¿siguen siendo necesarios?
Y si la respuesta es sí:
¿cuánto costarían hoy?
Después de más de dos años, probablemente las condiciones técnicas, los precios, las prioridades nacionales y las tecnologías disponibles han cambiado.
La solución no necesariamente consiste en revivir literalmente un anuncio de 2024.
Podría consistir en rediseñarlo.
Pero para hacerlo se necesita reconocer primero qué quedó pendiente.
El terremoto cambió la agenda, pero no explica los dos años anteriores
Hay además un dato temporal que conviene manejar con cuidado.
Caldas sufrió el sismo del 10 de agosto de 2026, una emergencia que modificó las prioridades de gobiernos locales y departamentales.
La reconstrucción de vivienda, infraestructura educativa, salud y territorio pasó naturalmente al centro de la agenda pública.
Pero esa emergencia no explica los retrasos ocurridos entre abril de 2024 y agosto de 2026.
Para entonces ya habían transcurrido más de dos años desde el anuncio original.
Por eso sería incorrecto utilizar el desastre como explicación general de la falta de ejecución.
La emergencia puede explicar nuevas prioridades.
No explica retrospectivamente lo ocurrido durante 2024, 2025 y buena parte de 2026.
La cronología importa.
Y una investigación de largo aliento debería mantenerla intacta.
Lo que debería ocurrir ahora
La Corporación Cívica de Caldas hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Gobernación para revisar el estado de los compromisos, destrabar los procesos pendientes y adoptar las decisiones necesarias para materializar las inversiones anunciadas.
Ese llamado podría convertirse en una agenda concreta de transparencia.
Primero, publicar el estado actualizado de cada proyecto.
Segundo, identificar responsable institucional y fuente de financiación.
Tercero, establecer qué documentos fueron producidos y cuáles siguen vigentes.
Cuarto, explicar qué ocurrió con las propuestas que debieron ser reformuladas.
Quinto, determinar si los municipios que aportaron predios todavía mantienen esas disponibilidades.
Sexto, establecer un cronograma público, si el Gobierno Nacional decide mantener los proyectos.
Y séptimo, informar claramente a la ciudadanía si alguno de los anuncios de 2024 fue descartado.
Decir que un proyecto no continuará también es una decisión pública.
Lo problemático es dejarlo indefinidamente en estado de “evaluación”.
Del dicho al hecho: una regla sencilla para medir la política pública
El caso de los $64.000 millones deja una regla periodística sencilla.
Cuando un funcionario anuncie una inversión, no basta con guardar el titular.
Hay que guardar también la pregunta:
¿Dónde está el acto administrativo?
Después:
¿Dónde está la apropiación presupuestal?
Luego:
¿Dónde está el convenio o contrato?
Después:
¿Cuándo comienza la ejecución?
Y finalmente:
¿Qué recibió la ciudadanía?
Ese recorrido permite separar cuatro cosas que en la comunicación política suelen aparecer mezcladas:
anuncio, presupuesto, contrato y resultado.
No son sinónimos.
Un anuncio puede existir sin presupuesto.
Un presupuesto puede existir sin contrato.
Un contrato puede existir sin obra terminada.
Y una obra terminada es, finalmente, la que puede ser verificada por el ciudadano.
En el caso de Caldas, según la información oficial revisada por la Corporación Cívica, la historia de los $64.000 millones se quedó antes de varios de esos pasos.
El verdadero fantasma no son los $64.000 millones
El titular más fácil sería hablar de “$64.000 millones perdidos”.
Pero la evidencia disponible no permite afirmar eso.
El dinero, según la información suministrada por la Gobernación, no fue transferido.
Tampoco permite afirmar que haya existido un contrato incumplido por esa suma.
El hallazgo es menos espectacular y, por eso mismo, más importante:
se anunció una inversión de $64.000 millones y, más de dos años después, no existía el soporte jurídico y presupuestal necesario para exigir su materialización.
Ese es el verdadero problema.
Porque el dinero que nunca llegó no aparece en un informe de ejecución como un gasto.
Pero la expectativa sí existió.
Los titulares sí existieron.
Las ruedas de prensa sí existieron.
Las promesas territoriales sí existieron.
Los predios caracterizados sí existieron.
Las mesas técnicas sí existieron.
Y también existió el tiempo.
Más de dos años.
La pregunta que queda abierta no es solamente qué pasó con cuatro proyectos tecnológicos.
Es qué clase de administración pública queremos cuando una promesa de inversión puede recorrer durante años los titulares, las mesas técnicas y los escritorios sin llegar al territorio.
Caldas necesita fibra óptica.
Necesita formación tecnológica.
Necesita capacidades de inteligencia artificial.
Necesita ciberseguridad.
Necesita instituciones capaces de convertir las oportunidades digitales en desarrollo económico.
Precisamente por eso las promesas de esa naturaleza no deberían medirse por el tamaño de la cifra anunciada, sino por la trazabilidad que existe detrás de ella.
El desafío ahora es sencillo de formular y difícil de evadir:
que los $64.000 millones dejen de ser una cifra de archivo y se conviertan en una decisión pública verificable, o que las autoridades expliquen de manera inequívoca por qué ya no lo serán.
Hasta que eso ocurra, la historia de aquellos $64.000 millones seguirá siendo menos la historia de una inversión que llegó a Caldas que la historia de una inversión que, desde abril de 2024, todavía está buscando la manera de convertirse en realidad.
Fuentes y alcance de este informe
Este informe toma como documento central el capítulo “Del Dicho al Hecho – Capítulo 1”, publicado por la Corporación Cívica de Caldas el 5 de octubre de 2026, elaborado a partir de la respuesta del 22 de julio de 2026 de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas a un derecho de petición presentado por la CCC, además de publicaciones oficiales del Ministerio TIC y la Gobernación de Caldas.
El texto distingue entre hechos documentados, información suministrada por la Gobernación, conclusiones de la Corporación Cívica de Caldas y preguntas que permanecen abiertas. La ausencia de recursos transferidos o de instrumentos jurídicos identificada en la documentación no equivale por sí misma a la pérdida o apropiación indebida de los $64.000 millones.
Consulta los anuncios de las entidades en los siguientes enlaces:
Consulta reportes de prensa:
Ministerio de las TIC anunció $64.000 millones para mejorar la conectividad en Caldas
Ministerio de las TIC anuncia inversión de $64 mil millones en varios proyectos en Caldas

