Ilustración editorial inspirada en el caso del periodista Mateo Pérez, con referencias simbólicas al fusilamiento, la violencia armada y el conflicto en Briceño, Antioquia.

¿Paz Total o Fusilamientos por informar? La memoria de Mateo Pérez exige un «Nunca más» rotundo

Crónica, Comunidad & Editorial

El crimen de Mateo Pérez reabre el debate sobre terror territorial, autocensura y libertad de prensa.

Ilustración editorial inspirada en el caso del periodista Mateo Pérez, con referencias simbólicas al fusilamiento, la violencia armada y el conflicto en Briceño, Antioquia.
Imagen generada con inteligencia artificial con fines exclusivamente ilustrativos y editoriales. La composición constituye una recreación simbólica y ficcionada basada en interpretaciones periodísticas del caso Mateo Pérez, y no representa de manera literal, documental ni exacta los hechos ocurridos en Briceño, Antioquia.

El presunto fusilamiento del periodista independiente Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, mientras documentaba el conflicto armado y la crisis humanitaria de la región, desató una profunda conmoción nacional al evidenciar el uso del terror ejemplarizante como mecanismo de control territorial en medio de los diálogos de “paz total” y reactivar las alarmas sobre la seguridad de la prensa regional colombiana.


El fusilamiento de Mateo Pérez: cuando el conflicto colombiano regresó al siglo XIX

La palabra fue la que congeló al país. No “asesinado”. No “ultimado”. No “muerto en medio del conflicto”.
Fusilado.

Fuente: Asesinato del periodista Mateo Pérez reabre dudas sobre la voluntad de paz de ‘Calarcá’ y futuro de la mesa de diálogo. El Tiempo – Sara Valentina Quevedo Delgado PERIODISTA JUDICIAL, 08.05.2026 18:18

En pleno 2026, en una Colombia atravesada por mesas de diálogo, protocolos de desescalamiento y discursos de “paz total”, un joven periodista habría sido ejecutado frente a una comunidad rural por hombres armados de las disidencias del frente 36 en Briceño, Antioquia. El detalle no es menor. Es, de hecho, el centro mismo del horror.

Porque un fusilamiento no es simplemente una muerte. Es una ceremonia de poder.

Y eso cambia completamente la lectura política, simbólica y humana del crimen contra Mateo Pérez, fundador de El Confidente, estudiante de Ciencias Políticas y reportero independiente que viajó al norte antioqueño para documentar el deterioro humanitario de una región atrapada entre actores armados, corredores estratégicos y ausencia estatal.

El país ha conocido asesinatos de periodistas durante décadas. Pero el concepto de fusilamiento remite a otra dimensión histórica:

al castigo ejemplarizante, a la ejecución pública, a la pedagogía del terror.

Y precisamente por eso este caso está sacudiendo tan profundamente a periodistas, defensores de derechos humanos y sectores académicos.

El fusilamiento como mensaje político

La diferencia entre un sicariato y un fusilamiento no es solo metodológica. Es ideológica.

El sicario mata y huye.
El fusilamiento necesita espectadores.

En términos de control territorial, el objetivo no es únicamente eliminar a la víctima. El verdadero objetivo es producir miedo colectivo.

Cuando un grupo armado ejecuta públicamente a alguien frente a una comunidad, está enviando varios mensajes simultáneos:

  • aquí mandamos nosotros;
  • el Estado no existe;
  • investigar tiene consecuencias;
  • mirar demasiado puede costar la vida.

En ese sentido, el crimen contra Mateo adquiere una dimensión casi medieval o decimonónica. No parece una violencia clandestina. Parece una escenificación de soberanía criminal.

Por eso varios analistas han comenzado a describir el hecho como un acto de carácter “paraestatal”.

No porque las disidencias sean un Estado formal, sino porque intentan comportarse como uno: detienen, interrogan, juzgan y ejecutan.

La lógica es brutalmente simple: el grupo armado reemplaza al Estado y convierte el territorio en una jurisdicción propia donde la libreta del periodista se vuelve sospechosa y la cámara se interpreta como amenaza militar.

Ahí aparece el componente inquisidor del crimen.

Mateo no habría sido tratado como un civil protegido, sino como alguien que “preguntó demasiado”. La investigación periodística se transforma, bajo esa mentalidad armada, en un acto de espionaje. El reportero deja de ser periodista y pasa a convertirse en “enemigo”.

Eso es lo verdaderamente aterrador del caso.

La pedagogía del miedo

Los grupos armados entienden algo que los Estados a veces olvidan: el terror comunica.

Un fusilamiento público no solo mata a una persona; disciplina psicológicamente a una comunidad entera.

En regiones donde el control territorial depende tanto del miedo como de las armas, la violencia necesita ser visible. Necesita circular como relato oral. Necesita convertirse en advertencia.

Por eso el asesinato de Mateo tiene potencialmente un efecto devastador sobre el periodismo regional colombiano.

No solo por la pérdida humana irreparable, sino por el “efecto silenciador” que produce.

El cálculo aparece inmediatamente en otros reporteros:

  • ¿vale la pena cubrir orden público?
  • ¿vale la pena entrar a ciertas veredas?
  • ¿vale la pena preguntar?
  • ¿vale la pena investigar?

Ahí nace la autocensura.

Y la autocensura es probablemente la victoria más grande de cualquier estructura armada.

Porque una región sin periodistas termina convertida en una zona de oscuridad informativa donde el único relato disponible es el del actor armado dominante.

El regreso de una violencia que parecía enterrada

Quizá lo más perturbador del caso es la sensación histórica que produce.

Muchos colombianos crecieron escuchando sobre fusilamientos en los relatos de la Independencia, las guerras civiles del siglo XIX o las dictaduras latinoamericanas. Parecía una forma de violencia archivada por la historia.

Pero Briceño rompió esa ilusión.

Y eso explica la conmoción emocional que está generando el término.

Colombia ha vivido asesinatos atroces de periodistas:

  • Guillermo Cano
  • Jaime Garzón
  • Orlando Sierra Hernández

Pero el caso de Mateo introduce una dimensión distinta.

El sicariato urbano del narcotráfico buscaba silenciar voces incómodas desde la clandestinidad.
El fusilamiento, en cambio, busca exhibir autoridad.

Es una diferencia simbólica enorme.

Por eso el asesinato de Mateo comienza a adquirir una carga casi martirológica dentro de ciertos sectores periodísticos y académicos.

No porque deba romantizarse su muertesería profundamente injusto— sino porque el método de ejecución lo convierte involuntariamente en símbolo de una frontera ética que el país creía no volver a cruzar.

La colisión con la “Paz Total”

Aquí el caso deja de ser únicamente humanitario y entra de lleno en el terreno político.

Porque las estructuras señaladas pertenecen al universo de disidencias asociadas a alias ‘Calarcá’, quien mantiene estatus de negociador dentro de los diálogos impulsados por el gobierno de Gustavo Petro.

Y ahí aparece la contradicción más explosiva:

¿cómo se sostiene políticamente una negociación de paz mientras una estructura asociada a ese ecosistema armado es señalada de fusilar a un periodista?

El Gobierno ha intentado introducir matices y fragmentaciones sobre las responsabilidades internas de las disidencias. Pero el impacto simbólico ya ocurrió.

Porque para buena parte de la opinión pública, el contraste es devastador:

mientras en Bogotá existen mesas, protocolos y discursos de reconciliación, en zonas rurales persisten lógicas de ejecución pública propias de guerras irregulares del siglo XIX.

Ese choque narrativo puede terminar erosionando profundamente la legitimidad social de la “paz total”.

La Resolución 00119 de 2026: la prueba de fuego

En medio de este escenario aparece un elemento jurídico crucial: la Resolución 00119 de 2026 de la Fiscalía General de la Nación.

La resolución redefine la forma en que Colombia investiga crímenes contra periodistas y rompe con viejos enfoques donde estos asesinatos terminaban reducidos a homicidios comunes o casos aislados.

El cambio doctrinal es profundo.

La resolución obliga a:

  • presumir inicialmente el vínculo entre el crimen y el ejercicio periodístico;
  • investigar el contexto macrocriminal;
  • analizar el “efecto silenciador” sobre la libertad de prensa;
  • perseguir no solo autores materiales sino cadenas de mando;
  • permitir traslados investigativos cuando existan presiones territoriales.

Eso significa que el caso Mateo no debería limitarse a identificar quién disparó.

La obligación investigativa ahora incluye responder preguntas mucho más complejas:

  • ¿existía una política de intimidación territorial?
  • ¿el fusilamiento buscaba generar terror social?
  • ¿hubo órdenes superiores?
  • ¿el crimen buscaba inhibir cobertura periodística futura?

Ahí es donde el caso puede convertirse en un punto de inflexión histórico para la justicia colombiana.

Porque si la Resolución 00119 no logra operar efectivamente frente a un caso tan emblemático, muchos concluirán que el nuevo paradigma jurídico nació neutralizado por las realidades políticas del conflicto.

El periodismo regional como primera línea de riesgo

Hay otro elemento profundamente simbólico: Mateo no pertenecía a una gran corporación mediática nacional.

Y eso vuelve todavía más potente el mensaje criminal.

El periodismo regional e independiente suele ser el primero en entrar a territorios donde los grandes medios ya no tienen presencia permanente. Son reporteros con menos esquemas de protección, menos recursos y mayor exposición.

En Colombia, históricamente, las zonas más violentas han sobrevivido gracias a periodistas locales que documentan lo que nadie más ve.

Por eso el asesinato de Mateo no impacta únicamente a Antioquia.

Impacta a toda la arquitectura del periodismo territorial colombiano.

Porque el mensaje implícito parece ser:

ni siquiera los periodistas jóvenes, independientes y locales están fuera del alcance del control armado.

El “Nunca Más” de esta generación

Cada generación colombiana tiene un crimen que redefine sus límites morales.

Para muchos, el asesinato de Guillermo Cano representó el desafío del narcotráfico al Estado.
El de Jaime Garzón simbolizó el exterminio del humor y de una voz crítica nacional.
El de Orlando Sierra Hernández expuso los vínculos entre política regional y violencia.

El caso de Mateo podría terminar representando otra cosa:

el retorno explícito del terror ejemplarizante contra la prensa en medio de procesos de negociación.

Por eso comienza a aparecer con fuerza una idea emocional y política: que este crimen debe convertirse en el “Nunca Más” de esta generación.

No como consigna vacía.

Sino como límite democrático.

Porque si una sociedad normaliza el fusilamiento de periodistas en pleno 2026, entonces el problema ya no es únicamente el conflicto armado. El problema es el colapso mismo de la frontera ética nacional.

Y quizá por eso el caso produce tanto desconcierto.

Porque obliga a Colombia a mirarse nuevamente en el espejo más incómodo: el de una guerra que todavía conserva rituales de barbarie que creíamos enterrados por la historia.

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