La emergencia no detiene la rendición de cuentas, la participación ciudadana ni la garantía de derechos en Caldas.
Manizales y Caldas mantienen activos sus mecanismos de transparencia, participación y garantía de derechos durante la recuperación del sismo del 10 de agosto, mediante la rendición pública de cuentas de la Alcaldía, la ampliación de la convocatoria al Consejo Territorial de Planeación y el seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Mientras continúa la recuperación tras el sismo del 10 de agosto, las administraciones de Manizales y Caldas mantienen en marcha mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana, planeación territorial y garantía de derechos.
Una emergencia puede modificar las prioridades de una administración pública, pero no necesariamente puede suspender sus obligaciones frente a la ciudadanía. En Manizales y Caldas, mientras continúan las acciones de atención y recuperación después del sismo del 10 de agosto, también avanzan procesos relacionados con transparencia, participación ciudadana, planeación territorial, control social y garantía de derechos.
Los tres procesos tienen naturalezas distintas. En Manizales, la Administración Municipal realizó la Rendición Pública de Cuentas correspondiente al primer semestre de 2026. En el departamento, la Gobernación amplió el plazo para conformar el Consejo Territorial de Planeación. Y, en materia de justicia y protección de derechos, avanzó el seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
En conjunto, los hechos muestran otra dimensión de la recuperación institucional: además de atender los daños ocasionados por la emergencia, las entidades públicas deben continuar respondiendo por las decisiones que toman, abrir espacios para que la ciudadanía participe y garantizar derechos de poblaciones que requieren atención especializada.
Rendir cuentas en medio de la emergencia
La Alcaldía de Manizales realizó el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas correspondiente al primer semestre de 2026 en circunstancias diferentes a las inicialmente previstas.
La contingencia obligó a adaptar los mecanismos de participación a las condiciones de la ciudad, pero la Administración Municipal decidió mantener el ejercicio. La razón planteada institucionalmente es que la emergencia no elimina el derecho de los ciudadanos a conocer la gestión pública ni la obligación de las autoridades de explicar sus actuaciones.
Durante la jornada, los ciudadanos pudieron resolver dudas, formular inquietudes y entregar sugerencias y recomendaciones sobre el documento de Rendición de Cuentas, publicado el 31 de julio en los canales institucionales.
El ejercicio adquiere relevancia porque la rendición de cuentas no se limita a presentar cifras o enumerar actividades realizadas por una administración.
Su propósito es permitir que la ciudadanía conozca qué se hizo, pueda formular preguntas y ejerza control social sobre la gestión pública.
En un escenario de emergencia, esa función cobra todavía mayor importancia. Las decisiones públicas se multiplican, se movilizan recursos, se modifican prioridades y aparecen nuevas necesidades sociales. Mantener abiertos los canales de información permite que la ciudadanía pueda conocer cómo se está respondiendo a esas circunstancias.
La Administración Municipal reiteró precisamente que, pese a la situación extraordinaria que enfrenta Manizales, la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana continúan siendo prioridades.
La rendición de cuentas también está relacionada con la prevención de riesgos de corrupción, al promover una administración más abierta y permitir que la ciudadanía tenga herramientas para hacer seguimiento a las actuaciones institucionales.
El informe completo, su resumen y los demás documentos del proceso permanecen disponibles a través de los canales oficiales de la Alcaldía.
La planeación también necesita participación
Mientras Manizales rendía cuentas sobre la gestión del primer semestre, la Gobernación de Caldas modificó el cronograma para la conformación del Consejo Territorial de Planeación Departamental.
El nuevo plazo para que gremios, organizaciones y colectivos presenten las ternas de candidatos se extendió hasta el 4 de septiembre de 2026, a las 3:00 de la tarde.
La modificación fue establecida mediante el Decreto 414 del 24 de agosto de 2026, que ajustó el cronograma inicialmente definido.
Entre las razones para ampliar el plazo están las condiciones excepcionales que ha enfrentado el departamento después del sismo y las medidas adoptadas para atender la emergencia y a la población afectada.
La decisión tiene una importancia que va más allá de ampliar unos días una convocatoria.
El Consejo Territorial de Planeación es un espacio de participación en el que tienen representación diferentes sectores económicos, sociales, ambientales, educativos, culturales y comunitarios. Su existencia busca incorporar distintas voces al proceso de planeación del departamento.
La ampliación del plazo pretende que los sectores convocados dispongan de más tiempo para realizar sus procesos internos, reunir la documentación necesaria y formalizar sus postulaciones.
“El objetivo es que cada uno de los sectores con los cuales se hizo la convocatoria se puedan presentar nuevamente para ser parte del Consejo Territorial de Planeación Departamental”, explicó Gloria Amparo Torres, jefe de la Unidad de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Planeación de Caldas.
El proceso tiene además una razón administrativa concreta: el Decreto 339 contempla la convocatoria para suplir renuncias, vacancias e inasistencias y garantizar la representación de los sectores correspondientes.
Una vez cerrado el plazo de presentación de ternas, la Gobernación tiene previsto verificar los requisitos el 7 de septiembre. El 8 de septiembre se comunicarían las observaciones o recomendaciones y el 9 se recibirían las respuestas.
La designación de los nuevos consejeros está prevista para el 18 de septiembre de 2026.
Así, mientras la ciudad y el departamento atienden las consecuencias de la emergencia, también se intenta preservar la arquitectura institucional que permite que distintos sectores de la sociedad participen en la discusión sobre el futuro del territorio.
Derechos de adolescentes: otra responsabilidad que no se detiene
El tercer frente corresponde a un ámbito diferente, pero igualmente relacionado con las obligaciones institucionales: el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Durante la cuarta sesión de la vigencia 2026 del comité departamental de seguimiento al sistema, las mesas de trabajo presentaron un balance sobre los avances en garantía de derechos, atención integral y fortalecimiento institucional para los jóvenes vinculados al sistema.
Lina María Salazar, líder de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Caldas, destacó la articulación entre las entidades responsables.
“Este comité nos permite hacer seguimiento a los avances en materia de atención en salud, educación, seguridad e infraestructura, confirmando que cada una de las entidades responsables está cumpliendo con sus tareas”, señaló.
El seguimiento incluye asuntos que van mucho más allá del componente estrictamente judicial.
Las secretarías de Educación de Manizales y Caldas presentaron los programas formativos vigentes, mientras la mesa de proyecto de vida desarrolla espacios lúdicos y de capacitación para los jóvenes.
También se consolidaron talleres de pintura, música, danza y escritura, orientados al desarrollo de habilidades creativas.
A esto se suman las acciones de prevención adelantadas por la Secretaría de Gobierno departamental en instituciones educativas, con herramientas dirigidas a los estudiantes para prevenir conductas que puedan llevarlos a contravenciones legales.
El enfoque muestra que la responsabilidad institucional frente a los adolescentes vinculados al sistema no termina en la sanción o en la vigilancia.
También comprende educación, salud, infraestructura, seguridad, formación, desarrollo de habilidades y construcción de proyectos de vida.
Los Zagales, bajo seguimiento
La infraestructura destinada a la atención de esta población también forma parte del seguimiento.
Durante la reunión se destacaron los esfuerzos y las inversiones orientadas a garantizar condiciones adecuadas de bienestar y seguridad en la Ciudadela Los Zagales, instalación que no sufrió daños de consideración como consecuencia del terremoto.
Este elemento adquiere particular importancia dentro del contexto actual.
La emergencia obligó a revisar edificaciones, servicios e infraestructura en diferentes sectores del territorio. Que una instalación vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no haya sufrido daños de consideración permitió concentrar la atención en la continuidad de los servicios y en las condiciones de quienes permanecen bajo responsabilidad institucional.
La revisión de infraestructura, por tanto, se incorpora al mismo desafío que atraviesa buena parte de la administración pública después del sismo: mantener operativos los servicios esenciales mientras se verifica que los espacios donde se prestan sean seguros y adecuados.
Tres mecanismos, una misma responsabilidad pública
Rendición de cuentas, participación en la planeación y seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes pueden parecer asuntos separados.
Sin embargo, tienen un punto de encuentro: la obligación de las instituciones públicas de responder ante la sociedad incluso en circunstancias extraordinarias.
La Rendición Pública de Cuentas pone el foco en la transparencia y el control social.
El Consejo Territorial de Planeación abre un espacio para que organizaciones y sectores del departamento participen en la construcción de las decisiones de planeación.
El seguimiento al SRPA concentra la atención en una población específica y en la obligación estatal de garantizar sus derechos mediante acciones coordinadas de educación, salud, seguridad, infraestructura y formación.
Son tres expresiones diferentes de la institucionalidad.
Y las tres tienen lugar mientras Manizales y Caldas todavía procesan las consecuencias del terremoto.
La emergencia no suspende la institucionalidad
El sismo modificó la agenda pública del territorio. La atención de las familias afectadas, la recuperación de infraestructura, la evaluación de inmuebles y la reactivación económica pasaron a ocupar buena parte de la capacidad institucional.
Pero la administración pública no puede reducirse exclusivamente a la respuesta ante la emergencia.
También debe continuar rindiendo cuentas sobre lo realizado antes del desastre, mantener mecanismos de participación, garantizar la representación de los sectores sociales en la planeación y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Ese es quizás el elemento común que dejan estos tres procesos.
La recuperación de un territorio no ocurre únicamente cuando se reconstruye una edificación o se entrega una ayuda. También ocurre cuando sus instituciones conservan abiertos los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede preguntar, participar, vigilar y exigir respuestas.
En Manizales, la rendición de cuentas permitió mantener ese diálogo en medio de la contingencia.
En Caldas, la ampliación del plazo para integrar el Consejo Territorial de Planeación busca evitar que las circunstancias excepcionales reduzcan la participación de los sectores convocados.
Y en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el seguimiento institucional mantiene sobre la mesa asuntos que no pueden quedar relegados por la emergencia: educación, salud, seguridad, infraestructura y construcción de proyectos de vida.
La reconstrucción material será uno de los grandes desafíos de los próximos meses.
Pero junto a ella existe otro reto menos visible: que la institucionalidad siga funcionando con transparencia, participación y responsabilidad pública mientras el territorio vuelve a ponerse de pie.
