Seguridad rural, control urbano, movilidad, gestión de emergencias y garantías territoriales avanzan de forma articulada en Caldas.

Autoridades de Caldas y Manizales fortalecen simultáneamente la seguridad durante la cosecha cafetera y las elecciones gremiales en Palestina, la protección de comunidades indígenas, los controles contra el delito en la capital y la respuesta ante emergencias, mientras la ciudad mantiene restricciones temporales de movilidad y ajustes en la recolección de residuos como parte de la recuperación posterior al sismo del 10 de agosto.
La seguridad en Caldas atraviesa actualmente varios escenarios al mismo tiempo. Mientras en las zonas cafeteras las autoridades preparan dispositivos para acompañar la cosecha y garantizar las elecciones gremiales, en los territorios indígenas se fortalecen los mecanismos de coordinación entre la justicia propia y las instituciones del Estado.
En Manizales, entretanto, continúan los operativos de prevención y control, se mantienen medidas extraordinarias de movilidad por las intervenciones derivadas del sismo del 10 de agosto y las autoridades siguen enfrentando emergencias puntuales, como el incendio registrado en el Centro Histórico.
A esta agenda se suma un aspecto menos visible pero igualmente importante para la convivencia urbana: la necesidad de reorganizar servicios como la recolección de residuos mientras avanzan las labores de recuperación de la ciudad.
Seguridad para la cosecha y las elecciones cafeteras
En Palestina, autoridades de Caldas y representantes del sector cafetero fortalecieron la articulación institucional para acompañar la actual cosecha y preparar el dispositivo de seguridad para las próximas elecciones gremiales del sector.

Durante una reunión entre las autoridades locales, instituciones y representantes cafeteros fue socializada una estrategia integral que contempla acompañamiento permanente a la comunidad productora y acciones orientadas a preservar la tranquilidad en las zonas rurales donde se desarrolla la actividad cafetera.
El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, explicó que la estrategia funcionará bajo un esquema de microgerencia desde el territorio, con participación coordinada de las instituciones, la Policía Nacional y los ciudadanos.
“Esta iniciativa contempla un esquema de microgerencia desde el propio territorio, articulando esfuerzos entre las instituciones, la Policía Nacional y los ciudadanos”.
El objetivo es fortalecer la protección en las zonas productoras de café, mejorar las condiciones de convivencia y seguridad y generar mayor confianza entre los caficultores y las autoridades.
Pero el dispositivo no se limitará a la cosecha.
Durante el encuentro también se avanzó en la planificación de la seguridad para las elecciones cafeteras del departamento. Como parte de esa preparación, el viernes se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con el Comité Departamental de Cafeteros y las fuerzas de seguridad.
El PMU permitirá coordinar las acciones operativas y de supervisión durante el proceso electoral.
Las elecciones cafeteras tendrán una primera fase mediante mecanismos electrónicos entre el 1 y el 3 de septiembre, mientras que la jornada de votación presencial se realizará el 5 de septiembre.
La meta planteada por las autoridades es que el proceso se desarrolle con transparencia, orden y garantías democráticas para los productores que participarán en la elección de los comités municipales y del Comité Departamental de Cafeteros.
Justicia propia y Estado buscan mayor coordinación
La seguridad en el departamento también se aborda desde la relación entre las comunidades indígenas y las instituciones estatales.

La Gobernación de Caldas y el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) realizaron una mesa temática de justicia, gobierno, guardia y paz, en la que revisaron los avances de los acuerdos programáticos establecidos entre ambas partes.
En el encuentro participaron las secretarías departamentales de Gobierno, Desarrollo Social y Planeación, junto con líderes indígenas, para evaluar el cumplimiento de los compromisos en resguardos y parcialidades ubicados en 10 municipios del departamento.
Uno de los principales avances destacados fue la articulación interjurisdiccional desarrollada durante este año entre instituciones estatales y las autoridades encargadas de administrar la justicia propia en los territorios indígenas.
En ese proceso han participado juzgados, la Fiscalía General de la Nación y el CTI, además de las instancias indígenas responsables de la justicia propia.
La consejera de Derechos Humanos y Paz del CRIDEC, Leidy Marcela Ramírez Hoyos, destacó precisamente ese encuentro interjurisdiccional y la coordinación que también se ha venido construyendo con la guardia indígena y la Consejería de Derechos Humanos.
“Tuvimos un encuentro interjurisdiccional de mucha importancia con juzgados, Fiscalía, CTI y nuestras comisiones de justicia propia”.
La dirigente indígena agregó que este trabajo busca fortalecer las capacidades de las comunidades y avanzar en la protección de sus derechos.
Desde la Gobernación, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos, Lina María Salazar, señaló que el balance es positivo porque el departamento ha acompañado procesos relacionados con la justicia propia, la guardia indígena y la protección de los derechos humanos de las comunidades vinculadas al CRIDEC.
La funcionaria reconoció que aún quedan tareas pendientes, pero destacó los avances alcanzados y el esfuerzo por llevar los compromisos establecidos directamente a los territorios.
El proceso concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo la articulación institucional en seguridad, convivencia y garantías de derechos humanos.
Veinte capturas y 28 armas incautadas en Manizales
En la capital de Caldas, las acciones de seguridad durante el fin de semana también dejaron resultados concretos.

Entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto, la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría del Interior y en coordinación con la Policía Metropolitana, desarrolló operativos de prevención y control destinados a garantizar la seguridad durante los eventos programados en la ciudad y atender los reportes realizados por la comunidad.
El balance incluyó 20 personas capturadas por diferentes delitos, entre ellos daño en bien ajeno, porte de estupefacientes, homicidio y violación a habitación ajena.
Durante las operaciones fueron además incautadas 28 armas cortopunzantes.
Las autoridades impusieron 64 órdenes de comparendo por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y realizaron 7 traslados por protección al Centro Transitorio por Protección (CTP).
La Línea de Emergencias 123 recibió 323 llamadas durante el periodo analizado.
De ellas, 42 estuvieron relacionadas con riñas, 12 con violencia intrafamiliar y 27 con alteraciones a la tranquilidad pública.
La Policía Metropolitana y la Secretaría del Interior reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de la línea de emergencias.
Los recorridos de control y prevención se desarrollaron con normalidad, al tiempo que las autoridades mantuvieron vigilancia sobre los sectores donde se concentraron actividades y eventos durante el fin de semana.
Un incendio puso a prueba la respuesta de emergencia
La seguridad urbana también incluye la capacidad de responder rápidamente ante emergencias inesperadas.

En la madrugada del lunes se registró un incendio estructural en el Centro de Manizales, en el tercer nivel de la edificación donde funcionan las residencias La Marquesa, ubicada a un costado de los parqueaderos de Mercaldas.
La emergencia fue reportada a través de la Línea 119.
Al llegar al lugar, los integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos identificaron que el fuego salía de varias habitaciones y desplegaron las maniobras de contención necesarias para impedir que las llamas alcanzaran los niveles inferiores y predios vecinos de la zona comercial.
Como medida preventiva fueron evacuados los ocupantes del tercer piso y del segundo nivel, donde funcionan las residencias Milenio.
Mientras los bomberos atendían el incendio, el equipo técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo realizó la caracterización de las personas que pernoctaban en el lugar y brindó acompañamiento psicosocial inmediato.
El siniestro no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales.
El director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, Diego Armando Rivera Gutiérrez, atribuyó el resultado a la reacción coordinada de los organismos de respuesta.
“Gracias al despliegue operativo del Cuerpo Oficial de Bomberos y al trabajo coordinado con la UGR, logramos contener el fuego a tiempo y protegimos la vida de los ciudadanos”.
Las autoridades adelantan ahora el análisis técnico correspondiente para establecer las causas que originaron la conflagración.
La movilidad sigue condicionada por la recuperación
En paralelo a los operativos de seguridad, Manizales mantiene medidas extraordinarias que afectan la circulación de vehículos particulares.

Desde este 1 de septiembre continúa el pico y placa temporal establecido para acompañar las condiciones excepcionales derivadas del sismo del 10 de agosto.
La restricción fue prorrogada hasta el 15 de septiembre de 2026 mediante el Decreto 0292 del 31 de agosto y funciona todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos, entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.
La nueva rotación es:
Martes 1: 7 y 8
Miércoles 2: 9 y 0
Jueves 3: 1 y 2
Viernes 4: 3 y 4
Sábado 5: 5 y 6
Domingo 6: 7 y 8
Lunes 7: 9 y 0
Martes 8: 1 y 2
Miércoles 9: 3 y 4
Jueves 10: 5 y 6
Viernes 11: 7 y 8
Sábado 12: 9 y 0
Domingo 13: 1 y 2
Lunes 14: 3 y 4
Martes 15: 5 y 6.
La Administración Municipal insiste en que no se trata de convertir la medida en un pico y placa permanente.
Su continuidad responde a la existencia de trabajos de evaluación de estructuras, demoliciones, retiro de escombros y recuperación de redes e infraestructura, actividades que en diferentes momentos requieren ocupar vías públicas.
Las afectaciones posteriores al sismo también alcanzaron redes de acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones, energía y semaforización.
Por eso aparecen restricciones nuevas o se mantienen cierres durante diferentes periodos, dependiendo de las intervenciones que deban ejecutarse.
Actualmente existen restricciones en sectores como Milán, la carrera 23 entre calles 21 y 31 y la Avenida 12 de Octubre en Chipre, mientras que otras intervenciones pueden requerir nuevos cierres, incluidos trabajos previstos en la Catedral y algunos puntos de la Avenida Santander.
En algunos casos, los procedimientos requieren primero coordinar las intervenciones sobre redes de energía, gas y comunicaciones antes de iniciar demoliciones o retirar estructuras, lo que explica por qué algunos cierres pueden extenderse varios días.
Menos vehículos particulares, más presión sobre el transporte público
La Alcaldía estima que la restricción de dos dígitos diarios representa aproximadamente 26.000 vehículos particulares menos en circulación cada día.
Esta reducción explica también por qué no se adoptó una restricción equivalente para buses, busetas y microbuses.
Manizales cuenta con una capacidad global de 1.007 vehículos de transporte público colectivo, de los cuales cerca de 941 están vinculados y alrededor de 880 circulan diariamente.
En cuanto a los taxis, la ciudad dispone de aproximadamente 2.200 vehículos, con una circulación diaria cercana a 1.700, teniendo en cuenta el esquema de pico y placa correspondiente a este servicio.
La decisión de mantener la oferta de transporte colectivo busca garantizar alternativas para las personas que dejan de utilizar el automóvil durante su día de restricción.
La Secretaría de Movilidad también realiza seguimiento a la ocupación de los vehículos y señala que algunas empresas ajustan internamente su operación según las necesidades del servicio.
La condición excepcional también ha obligado a modificar recorridos de transporte público en sectores donde las vías permanecen restringidas.
Algunas rutas han debido salir de corredores como la carrera 22 y la carrera 21, entre ellas recorridos de Cosmobús, Serviturismo, Gran Caldas y Flota Metropolitana.
La restricción podrá modificarse, suspenderse o levantarse anticipadamente si cambian las circunstancias que dieron origen a su adopción.
Aunque el 15 de septiembre es la fecha establecida para la vigencia actual, esa fecha no significa que todas las obras de recuperación vayan a estar terminadas entonces.
La Administración espera poder habilitar al menos algunas de las avenidas afectadas en el Centro, mientras continúan los trabajos que sean necesarios en otros sectores.
La ciudadanía empieza a adaptarse a la medida
La aplicación del pico y placa temporal también muestra un cambio en el comportamiento de los conductores.
Al comienzo de la medida se registraban cerca de 80 infractores diarios. Actualmente, según la Secretaría de Movilidad, la cifra se encuentra aproximadamente entre 35 y 40.
La reducción es interpretada como una señal de mayor adaptación ciudadana a la condición temporal.
Durante este periodo las autoridades también han promovido alternativas como caminar, utilizar la bicicleta para trayectos cortos, recurrir al transporte público, compartir vehículos y organizar los desplazamientos según la rotación establecida.
La lógica detrás de la medida es que cada vehículo particular que deja de circular libera espacio en corredores que todavía deben responder simultáneamente al tránsito cotidiano y a las necesidades de recuperación.
SE ANEXA DECRETO MUNICIPAL N.° 0292 DE 2026
GACETA MPAL N.387 DECRETO N.0292 DE 2026 – MOVILIDAD Descarga
El Centro también modifica la recolección de residuos
Las condiciones especiales del Centro Histórico también llevaron a modificar el horario de recolección de residuos.

Desde el 31 de agosto, el servicio para usuarios residenciales y comerciales se realiza de lunes a domingo entre las 8:00 de la noche y las 11:00 de la noche, mediante modalidad puerta a puerta.
La modificación fue adoptada por la Alcaldía, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, en articulación con Emas by Veolia, debido a las condiciones actuales del sector después de la emergencia del 10 de agosto.
El propósito es contribuir a una mejor movilidad, reducir la congestión vehicular durante el día y acompañar las acciones de recuperación y reactivación que se desarrollan en el Centro Histórico.
Para que el cambio funcione, la Administración pidió a residentes y comerciantes respetar el horario y evitar dejar residuos en esquinas, parques, separadores, andenes o cualquier otro espacio público.
La disposición inadecuada afecta la limpieza, dificulta el trabajo de los operarios y puede generar consecuencias sobre la movilidad, el ambiente y la convivencia.
El nuevo esquema aplica durante toda la semana, incluidos fines de semana, y cobija tanto a usuarios residenciales como comerciales.
Una seguridad que ya no se limita al delito
Los diferentes frentes que hoy operan en Caldas muestran que la seguridad y la convivencia tienen dimensiones que van mucho más allá del combate directo al delito.
En Palestina, proteger la cosecha y garantizar unas elecciones gremiales transparentes exige coordinación entre productores, Policía e instituciones.
En los territorios indígenas, la seguridad pasa también por reconocer y articular la justicia propia, fortalecer la guardia indígena y garantizar los derechos humanos.
En Manizales, los controles policiales buscan contener delitos y comportamientos que afectan la tranquilidad ciudadana, mientras los organismos de emergencia mantienen capacidad de reacción ante incendios y otras contingencias.
Y después del sismo, la movilidad y los servicios urbanos han debido adaptarse a una ciudad en obras, donde una vía cerrada o un horario modificado de recolección puede convertirse también en una medida necesaria para preservar condiciones de seguridad y convivencia.
La emergencia del 10 de agosto, por tanto, sigue teniendo efectos sobre la vida cotidiana de Caldas. La respuesta institucional se despliega ahora en múltiples frentes y obliga a coordinar seguridad rural y urbana, atención de emergencias, movilidad, servicios públicos, derechos humanos y participación ciudadana.
En ese escenario, las autoridades mantienen una tarea doble: responder a las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, recuperar progresivamente las condiciones normales de funcionamiento de los territorios.
Manizales y Caldas avanzan así hacia una etapa en la que la seguridad no significa únicamente prevenir delitos. También implica proteger vidas, garantizar derechos, asegurar la movilidad, acompañar comunidades, responder ante emergencias y crear las condiciones para que la actividad económica y social pueda continuar mientras la región se recupera.

